Defensa de Álvaro Uribe señala que Juan Guillermo Monsalve podría resultar favorecido con proyecto de ley de sometimiento del Gobierno Petro
Colombia
Durante la instalación del nuevo periodo legislativo el pasado 20 de julio, el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, presentó ante el Congreso el proyecto de ley de sometimiento. Esta iniciativa busca reactivar la propuesta de la Paz Total impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro, y permitiría que exintegrantes de estructuras armadas ilegales que actualmente están presos accedan a ciertos beneficios jurídicos.
Mientras se inicia el trámite legislativo, han surgido críticas que advierten sobre el posible alcance de la ley, señalando que podría beneficiar a individuos que no han cumplido cabalmente con sus compromisos de verdad, justicia y reparación a las víctimas, e incluso a quienes han reincidido en actividades delictivas.
Uno de los nombres que ha generado controversia es el de Juan Guillermo Monsalve Pineda, exparamilitar y testigo clave en el proceso penal contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Actualmente, Monsalve cumple una condena de 44 años por secuestro extorsivo.
El abogado defensor de Uribe, Jaime Granados, advirtió que Monsalve podría ser uno de los directamente beneficiados con este nuevo marco jurídico. En un conversatorio, Granados aseguró:
“También hemos visto cómo aparece la alegada víctima, el actual ministro de Justicia, Eduardo Montealegre que radica esta semana un proyecto de ley que es justamente el premio que estaba buscando Juan Guillermo Monsalve para ni más ni menos poder salir libre de la Picota”.
El jurista cuestionó que se pretenda otorgar beneficios a quien —según él— ha hecho afirmaciones falsas para lograr favores judiciales.
“Estamos viendo que si ha habido unas intervenciones, injerencias al proceso, pero creo que pase lo que pase, ciertamente la señora juez que ha demostrado tener un gran carácter, una total verticalidad y un control del proceso que ustedes lo vieron, pues deberá resolver esto exclusivamente los méritos del caso en el juicio y únicamente lo que pasa en el juicio”, manifestó.
Granados también descartó que haya habido presiones por parte de personas afines al expresidente Uribe sobre la jueza 44 de conocimiento de Bogotá, quien lleva el caso. Sin embargo, contrastó esta postura con la del presidente Gustavo Petro, de quien dijo ha hecho pronunciamientos públicos que podrían influir en el proceso judicial en curso.
Días atrás, el mandatario escribió en redes sociales:
“Sé que el expresidente Uribe Vélez quiere mis pronunciamientos sobre sus actuaciones y mis anteriores debates como congresista. Pero no lo puedo hacer ahora. Cuando decisiones judiciales, que debo respetar y no influir para nada, se van a tomar. Otro día más adelante, quizás haga un libro sobre mis debates. Por ahora guardo mi silencio. No se debe presionar a los jueces", expresó Petro.
El expresidente Uribe respondió reafirmando su teoría de defensa, según la cual enfrenta un “entrampamiento judicial” orquestado por sus adversarios políticos. El exmandatario sostiene que el caso tiene motivaciones políticas y hace parte de una supuesta revancha de sectores afectados por las decisiones de su administración
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JA/CR
