Una operación conjunta entre la Sijín de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación permitió desarticular una célula delictiva que durante meses sembró el miedo entre conductores de aplicaciones de transporte en el norte del Valle de Aburrá. El grupo, conocido como Los Martillos, estaba vinculado al grupo delincuencial organizado Pachelly, con base en el municipio de Bello.
La investigación, que se desarrolló a lo largo de más de diez meses, permitió establecer que los integrantes de esta estructura criminal se hacían pasar por usuarios de plataformas digitales para abordar los vehículos. Una vez dentro del automóvil, y tras definir como destino puntos estratégicos del norte metropolitano de Medellín, intimidaban a los conductores con armas de fuego.
Las víctimas eran despojadas de sus objetos personales, incluidos teléfonos móviles y claves bancarias. Luego eran amordazadas y conducidas a zonas boscosas y apartadas de Copacabana y Bello, donde eran abandonadas o incluso lanzadas al río, en hechos que ponían en grave riesgo sus vidas.
La información recopilada durante la investigación permitió identificar a cinco personas como presuntos responsables de estos actos criminales. Un juez de Medellín emitió las órdenes de captura por los delitos de secuestro extorsivo, tentativa de homicidio, concierto para delinquir, y hurto calificado y agravado.
Los capturados, cuyas edades oscilan entre los 23 y 26 años, fueron perfilados según su rol dentro de la estructura. El brigadier general William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, precisó que alias “Calabaza” era el cabecilla operativo, mientras que “Choto” actuaba como coordinador ejecutor. Los otros implicados, conocidos como “Gancho”, “Pollo” y “Mico”, cumplían funciones de ejecución dentro de la organización.
El accionar de Los Martillos generó una oleada de temor entre los conductores de transporte por aplicaciones, que vieron cómo aumentaban los riesgos de operar en determinados sectores. El éxito de esta operación representa un avance en la lucha contra el crimen organizado en Medellín, aunque también pone en evidencia las amenazas latentes para quienes prestan este tipo de servicios.
Este caso refuerza el llamado de las autoridades a seguir implementando medidas de seguridad para proteger tanto a los conductores como a los usuarios de plataformas digitales. También subraya la importancia de la coordinación interinstitucional para enfrentar redes criminales con alto nivel de organización y capacidad de daño.