La Procuraduría General de la Nación destituyó a la patrullera Erika Judith Pérez Romero y le impuso una inhabilidad de 10 años por agredir a un ciudadano en Bogotá. La sanción responde a un acto de violencia cometido durante un procedimiento de registro, calificado como falta gravísima con dolo. La decisión, emitida en fallo de primera instancia, busca garantizar el respeto a los principios de legalidad en el ejercicio de funciones públicas.
El incidente ocurrió en las inmediaciones del humedal Juan Amarillo, en Bogotá, durante un registro al ciudadano Juan Sebastián Nova. Según el Ministerio Público, la patrullera abusó de su autoridad al golpear al ciudadano en el rostro con un bastón tonfa, arma de dotación policial. La investigación verificó que la uniformada incumplió los límites legales de su función, vulnerando los principios de proporcionalidad, necesidad y legalidad.
Una revisión exhaustiva de los hechos llevó a la Procuraduría Distrital de Juzgamiento a determinar la gravedad de la conducta. “La servidora pública desconoció los límites y atribuciones establecidos por la ley para el ejercicio de sus funciones”, afirmó el organismo en su comunicado oficial. La sanción implica la destitución inmediata de la patrullera y la prohibición de ocupar cargos públicos durante una década.
Por ello, la Procuraduría enfatizó que los servidores públicos deben actuar dentro de los marcos legales para proteger los derechos ciudadanos. La decisión también envía un mensaje a las fuerzas de seguridad sobre las consecuencias de exceder su autoridad. La Procuraduría no especificó si el ciudadano agredido presentó denuncias adicionales o si el caso escalará a otras instancias judiciales.