La Procuraduría General de la Nación solicitó al Distrito de Santa Marta y a la Empresa de Servicios Públicos de Aseo ESSMAR E.S.P. informar las acciones emprendidas para acatar una orden judicial que obliga a solucionar el rebosamiento de aguas residuales. El fallo fue emitido en 2018 por el Tribunal Administrativo del Magdalena y ratificado en 2023 por el Consejo de Estado.
Así, la decisión judicial exige elaborar un estudio técnico del alcantarillado pluvial y ejecutar las obras necesarias para evitar colapsos durante la temporada de lluvias. El incumplimiento de esta medida representa un riesgo para la salud pública y el medio ambiente, advirtió el ente de control.
El requerimiento, dirigido al alcalde Carlos Pinedo Cuello y al agente interventor Herney Velásquez, incluye la obligación de detallar las acciones preventivas contra inundaciones, considerando las zonas de riesgo establecidas en el Plan de Ordenamiento Territorial. La Procuraduría indicó en un comunicado con acceso para NotiPress, que esta información es clave para verificar el avance en la mitigación de emergencias sanitarias y ambientales en el Distrito.