Con el respaldo unánime de la plenaria de la Cámara de Representantes, el Congreso de la República aprobó en último debate el Proyecto de Ley para transformar el sistema judicial colombiano y garantizar una justicia más ágil, eficaz y centrada en las víctimas.
La iniciativa fue impulsada en el legislativo por el Ministerio de Justicia, la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación y propone soluciones concretas para reducir la congestión judicial, agilizar la emisión de sentencias y fortalecer los derechos de las víctimas dentro del sistema penal colombiano.
En su último debate, el proyecto recibió el respaldo total de la plenaria, con 96 votos afirmativos. Ahora, el proyecto avanza a la conciliación en Cámara y Senado, y posteriormente a sanción presidencial para convertirse en una herramienta efectiva que modernice el sistema judicial colombiano
“Quiero reconocer el trabajo mancomunado de quienes tuvieron esta iniciativa legislativa. Se ha aprobado y es un avance crucial para acercar la justicia en términos de equidad y para que sean los ciudadanos quienes sientan la administración de justicia más cerca. Hoy gana la administración y gana Colombia", expresó el ministro encargado de Justicia, Augusto Ocampo, al término de la votación.
Esta iniciativa recupera el espíritu original del sistema penal acusatorio. Su objetivo principal es reducir los tiempos de respuesta de los procesos penales y evitar la prescripción de miles de casos, que ya suman más de 43.000 en los últimos años.
En la actualidad, los fallos judiciales pueden tardar más de una década; con esta reforma, se busca que las sentencias se emitan en plazos entre uno y doce meses, generando, además, ahorros significativos para el Estado.
La norma aprobada propone medidas como la reparación integral, la ampliación de beneficios por aceptación de cargos, incluyendo casos de flagrancia, y rebajas de pena en ciertos delitos, bajo condiciones específicas.
También introduce el uso de pruebas anticipadas y fortalece el principio de oportunidad, permitiendo suspender términos procesales para evitar la prescripción.