Un testimonio revelador ha destapado una compleja red de corrupción dentro de la cárcel La Picota en Bogotá, donde funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) se habrían involucrado en actividades ilícitas, incluyendo el tráfico de drogas, la venta de beneficios sindicales y la manipulación de traslados penitenciarios.
Según el testimonio de un guardián del Inpec que se convirtió en testigo de la Fiscalía, se descubrió que un grupo de funcionarios del Inpec operaba una "olla" de estupefacientes en las inmediaciones de La Picota. Estos funcionarios habrían establecido dos viviendas detrás de la cárcel para almacenar y distribuir drogas y licor, facilitando su ingreso y distribución dentro del penal.
Además, se reveló que estos funcionarios cobraban por traslados irregulares de internos y ofrecían beneficios a reclusos extraditables, todo a cambio de sumas de dinero. La venta de fueros sindicales también formaba parte de las actividades ilícitas de esta red.
La Fiscalía General de la Nación, en colaboración con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Nacional, llevó a cabo una operación que resultó en la captura de 12 personas, incluyendo funcionarios del Inpec y sus familiares. Sin embargo, durante las audiencias judiciales, la juez de control de garantías decidió liberar a los detenidos, argumentando que la Fiscalía no presentó pruebas suficientes para sostener las medidas de aseguramiento.