La exconsejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz, fue acusada de lavado de activos y tráfico de influencias en el marco de una investigación por presunta corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Según la Fiscalía General de la Nación, Ortiz desempeñó un papel clave en un esquema de sobornos destinados a congresistas, facilitando la aprobación de contratos con sobrecostos en la UNGRD. Se le atribuye la entrega de 3.000 millones de pesos al expresidente del Senado, Iván Name, a cambio de favores políticos y contratos en el Congreso.
El 18 de diciembre de 2024, una jueza de Bogotá ordenó la detención preventiva de Ortiz en la cárcel El Buen Pastor, tras considerar que existía una inferencia razonable de su participación en los delitos mencionados.
Durante la audiencia, Ortiz acusó a Laura Sarabia, mano derecha del presidente Gustavo Petro, de conocer y ocultar las irregularidades. Sarabia rechazó las acusaciones, calificándolas como fantasiosas.
La Fiscalía presentó pruebas en video que muestran a Ortiz recibiendo dinero en efectivo, fortaleciendo las acusaciones en su contra.