Exparamilitares se retiran como gestores y profundizan crisis de la Paz Total

La política de Paz Total del presidente Gustavo Petro enfrenta un nuevo golpe tras el anuncio de 16 exintegrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), quienes informaron la "suspensión" de sus funciones como gestores de paz. En una carta dirigida al mandatario, los firmantes acusan a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, liderada por Otty Patiño, de incumplimientos y de actuar con "abierta insubordinación frente" a las directrices del Ejecutivo.

Según los exparamilitares, la decisión responde a la falta de voluntad política y a una gestión deficiente por parte de dicha oficina, la cual, aseguran, desconoce las raíces profundas del conflicto. "Esa oficina minimiza las causas estructurales de la violencia a conveniencia y demuestra no comprender ni el carácter, ni la dimensión, ni su profundidad, ni los factores que la perpetúan", afirmaron en su declaración.

Entre los firmantes se encuentran reconocidos exjefes paramilitares como Salvatore Mancuso, Carlos Mario Jiménez (‘Macaco’), Diego Fernando Murillo (‘Don Berna’) y Rodrigo Tovar Pupo (‘Jorge 40’), entre otros, quienes habían sido nombrados como gestores con el objetivo de contribuir con verdad y reparación en el marco del proceso de paz.

Este nuevo revés se suma a una cadena de tropiezos para el Gobierno en su intento de alcanzar acuerdos con diversos actores armados. Las negociaciones con el ELN se estancaron tras denuncias de incumplimientos y hechos violentos, como el ataque a una base militar en Arauca en septiembre de 2024, que dejó dos soldados muertos. Aunque se alcanzó un cese al fuego en su momento, la escalada violenta en el Catatumbo, que causó más de 64.000 desplazados y 117 homicidios, llevó a la ruptura del proceso a inicios de 2025.

La situación es similar con las disidencias de las FARC al mando de ‘Iván Mordisco’, que también rompieron el cese al fuego acordado en 2023. Actualmente, el Gobierno mantiene conversaciones con otra facción, el Estado Mayor de los Bloques y los Frentes (EMBF), bajo el liderazgo de las ‘Calarcá’, con quienes se logró establecer una zona de ubicación temporal en Norte de Santander para el Frente 33. No obstante, esta misma facción ha sido señalada por hechos graves como la masacre de siete soldados en Guaviare.

Otras iniciativas, como los acercamientos con el 'Clan del Golfo' o el grupo 'La Inmaculada' en Tuluá, no han arrojado avances sustanciales. Este último caso está marcado por la inminente extradición de su líder, ‘Pipe Tuluá’, a Estados Unidos.

En abril, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada también suspendieron diálogos con el Ejecutivo. El Gobierno aún evalúa iniciar negociaciones con grupos criminales que operan en Barranquilla, replicando el modelo aplicado en Buenaventura entre los ‘Shottas’ y los ‘Espartanos’, cuyo pacto duró 18 meses antes de romperse este año.

Una de las pocas experiencias destacadas ha sido con los ‘Comuneros del Sur’, con quienes se han logrado acuerdos y una entrega inicial de armas.

Durante su campaña, Petro prometió un cambio profundo con su política de paz, sintetizado en la frase: "Que no haya un solo muerto producto de la violencia y que no se acueste un solo niño con hambre en Colombia, ese es el verdadero cambio". También aseguró: "A los tres meses de ser presidente se acaba el ELN en Colombia porque se hace la paz". Sin embargo, a más de tres años de Gobierno, esos compromisos siguen lejos de cumplirse.