Nuevos detalles han salido a la luz sobre la trágica muerte de Jaime Alexander Betancur Cárdenas, un campesino que fue forzado por grupos armados ilegales a recoger el cadáver de un combatiente en la vereda La Coposa, municipio de Valdivia. Según se conoció, el cuerpo contenía explosivos que detonaron al ser movido, ocasionando la muerte del campesino. Esta práctica ha sido catalogada como una posible violación del derecho internacional humanitario.
Jaime Alexander Betancur era un líder de la Junta de Acción Comunal en su vereda, y su terreno fue el escenario de este macabro evento. Fuentes informaron que los grupos ilegales lo buscaron directamente debido a su relación con la zona, lo que lo llevó a una muerte que ha generado indignación y conmoción en la región.
Relatos obtenidos por medios locales indican que el campesino no estaba solo al momento de acudir al lugar, sino que habría sido acompañado por otros tres o cuatro campesinos. Sin embargo, fue Alexander quien movió el cadáver del combatiente, un miembro del Clan del Golfo de alto rango, el cual estaba lleno de explosivos. La detonación no solo le quitó la vida, sino que reavivó temores de antiguas tácticas utilizadas en el conflicto colombiano.
Se presume que fue la guerrilla quien obligó al campesino a esta peligrosa tarea, aunque no se ha confirmado si se trató de las disidencias de las FARC o del ELN. En esta zona, ambos grupos suelen operar de forma coordinada. Las autoridades aún investigan si los explosivos colocados en el cadáver forman parte de un nuevo patrón de violencia o un acto aislado.
El general retirado Luis Eduardo Martínez, secretario de seguridad de Antioquia, había declarado anteriormente que no hubo un enfrentamiento armado en el sitio, sino que un campo minado fue activado, causando la muerte de cuatro miembros del Clan del Golfo. Además, se habla de otros cuatro fallecidos en circunstancias similares. Sin embargo, las versiones siguen siendo confusas y carecen de confirmación oficial.
El uso de explosivos en cadáveres para causar daño a civiles es una táctica cruel que no se veía en Colombia desde hace décadas. Este hecho no solo revive las sombras de las épocas más violentas del conflicto, sino que constituye una flagrante violación al derecho internacional humanitario. Las autoridades continúan investigando los hechos mientras crece la indignación por el trato inhumano hacia las víctimas civiles.