Gobierno cancela la licencia de funcionamiento de empresa de seguridad privada Vipers

Por graves incumplimientos de la normatividad que rige el funcionamiento de las empresas del sector de la vigilancia y la seguridad privada en Colombia, el Gobierno nacional, a través de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, ordenó la cancelación de la licencia de funcionamiento a la empresa de vigilancia y seguridad privada Vipers Ltda. que opera en Barranquilla, Bogotá, Cartagena, Medellín, Montería y Sincelejo, entre otras.

Según se indicó, la empresa contaba con autorizaciones para 610 armas de fuego, discriminadas en 535 revólveres, 47 escopetas y 28 pistolas, así como 51 vehículos (37 motos, 9 camionetas y 5 camperos). De igual forma, cuenta con 2,911 personas en su equipo operativo entre vigilantes, escoltas y supervisores.

Esta decisión, adoptada en primera instancia a través de la Resolución No. 2025210009237CS del 14 de mayo de 2025, surgió como resultado de una actuación administrativa en la que se verificaron presuntas infracciones a las disposiciones normativas que rigen el sector.

Entre los hallazgos documentados en la inspección se destacaron:

· Presuntas extralimitaciones en las funciones autorizadas, susceptibles de enmarcarse en actividades reservadas a la Fuerza Pública.

· Prestación del servicio con personal no acreditado ni inscrito en los sistemas oficiales de la Supervigilancia.

· Uso indebido de uniformes y emblemas por personas no autorizadas.

· Operación de drones y medios tecnológicos sin habilitación.

· Presencia de armamento en sedes no autorizadas y falta de actualización en el sistema Renova.

· Deficiencias graves en la custodia, trazabilidad e infraestructura de almacenamiento de armas.

Una vez en firme la decisión, corresponderá al representante legal de la empresa, en su calidad de titular de los permisos concedidos, adelantar los trámites pertinentes ante el Departamento Control Comercio de Armas y Explosivos (DCCAE) para el reintegro y cancelación de las autorizaciones expedidas, así como adoptar las medidas que correspondan frente a las situaciones verificadas en la investigación.

La decisión administrativa se encuentra dentro del término legal para la interposición de recursos, conforme a lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011, y su ejercicio corresponde exclusivamente a la empresa y a su representante legal, en el marco de las garantías constitucionales del debido proceso y derecho de defensa.