Colombia se encuentra evaluando la suspensión de la regla fiscal mediante una cláusula de escape, mecanismo que permitiría elevar el endeudamiento y el déficit presupuestal ante circunstancias excepcionales. Esta posibilidad se discute en paralelo con una propuesta para demandar el Presupuesto General de la Nación de 2025, calificado por el Ejecutivo como inconstitucional.
La regla fiscal establece que la deuda no debe superar el 70% del Producto Interno Bruto y que el déficit primario debe mantenerse por debajo del 0,8% para el año entrante. Su cumplimiento es clave para mantener la confianza de las calificadoras de riesgo, que influyen en el acceso a financiamiento internacional.
Según expertos, la suspensión no puede aplicarse de forma inmediata. El proceso requiere un concepto del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), análisis del Consejo Superior de Política Fiscal (Confis), aprobación en consejo de ministros y la expedición de un documento Conpes.
La administración actual inició ese camino, y el 9 de junio de 2025 se prevé una reunión clave del Confis. Aunque aún no existe confirmación oficial, ya se revisaría un documento preliminar que podría redefinir el rumbo del Marco Fiscal de Mediano Plazo.
Especialistas advirtieron que demandar el Presupuesto podría paralizar funciones del Estado, afectar el pago de salarios y congelar más de 300 billones de pesos del erario, según proyecciones del observatorio fiscal de la Universidad Javeriana.