El Gobierno de Colombia anunció un reforzamiento del plan militar en el departamento del Cauca tras la liberación de los 29 uniformados que habían sido secuestrados en El Plateado, municipio de Argelia. La medida busca recuperar el control territorial y contrarrestar la presencia de grupos armados ilegales en la región.
El secuestro, perpetrado por el frente Carlos Patiño, una disidencia de las extintas FARC, puso en evidencia la fragilidad de la seguridad en el suroccidente del país. De acuerdo con el ministro de Defensa, Iván Velásquez, la respuesta gubernamental incluyó un despliegue estratégico de tropas para contener la amenaza de estos grupos y fortalecer la protección de la población civil.
"El Ejército y la Policía han sido instruidos para reforzar la ofensiva contra los actores armados que operan en el Cauca. No permitiremos que la criminalidad imponga sus reglas en los territorios", afirmó Velásquez.
El presidente Gustavo Petro también se pronunció sobre la situación y señaló que el Gobierno está evaluando nuevas estrategias de control territorial en las zonas donde el conflicto armado sigue siendo una amenaza para la paz. "Es evidente que hay estructuras criminales que buscan desestabilizar la región. Se tomarán todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los ciudadanos y de nuestras fuerzas del orden", enfatizó el mandatario.
El plan militar en el Cauca incluirá operativos de inteligencia, patrullajes constantes y una mayor presencia de efectivos en puntos estratégicos. Además, se fortalecerá la coordinación con organismos internacionales y líderes comunitarios para evitar nuevos hechos de violencia.
Según informes de la Defensoría del Pueblo, la región del Cañón del Micay, donde ocurrió el secuestro, es un corredor clave para el narcotráfico y el accionar de disidencias armadas. La intervención del Gobierno busca debilitar estas estructuras y prevenir futuras acciones contra la Fuerza Pública.
Aunque la liberación de los uniformados fue gestionada por una comisión humanitaria integrada por la Defensoría, el Ministerio del Interior, la ONU y la Iglesia, el Gobierno insiste en que el uso de la fuerza será una herramienta fundamental para restablecer el orden en el Cauca.