El presidente Gustavo Petro declaró el 18 de marzo como día cívico en Colombia, invitando a la ciudadanía a movilizarse en apoyo a sus reformas sociales. Sin embargo, varias ciudades, incluyendo Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Bucaramanga y Villavicencio, anunciaron que no se acogerán a esta medida y mantendrán sus actividades normales.
El mandatario tiene previsto unirse a la manifestación en Bogotá a las 2:00 p.m., donde se dirigirá a los asistentes desde una tarima instalada en la Plaza de Bolívar. Estas movilizaciones marcan el inicio de una campaña en favor de una consulta popular que busca que los colombianos se pronuncien sobre las reformas sociales propuestas por el gobierno.
La convocatoria ha generado diversas reacciones en el ámbito político. Mientras algunos consideran la medida como un abuso de poder, otros la ven como un mecanismo democrático para promover la participación ciudadana en decisiones trascendentales para el país.
En cuanto a la participación laboral, expertos señalan que el día cívico aplica principalmente a funcionarios públicos cuyas actividades no son esenciales. En el sector privado, la decisión de permitir la participación en las marchas recae en cada empresa. La ausencia no autorizada podría acarrear sanciones laborales, incluyendo descuentos salariales o incluso despidos en casos graves o recurrentes, siempre que se respete el debido proceso.
Se han establecido puntos de concentración en diferentes ciudades para las movilizaciones. En Bogotá, se espera que los manifestantes se reúnan en la Plaza de Bolívar, donde el presidente Petro ofrecerá su discurso en apoyo a las reformas.
Las autoridades locales y nacionales han coordinado medidas de seguridad para garantizar el desarrollo pacífico de las marchas, reiterando el llamado a la ciudadanía a ejercer su derecho a la protesta de manera ordenada y respetuosa.