El presidente de Colombia, Gustavo Petro y el presidente del Senado, Efrain Cepeda, sostuvieron una discusión pública en redes sociales en torno a la consulta popular propuesta por el Ejecutivo. La confrontación se intensificó tras el anuncio del ministro del Interior, Armando Benedetti, quien afirmó que el Gobierno expedirá un decreto si el Senado no se pronuncia antes del 1 de junio de 2025.
Cepeda reiteró que esta estrategia del Ejecutivo contraviene la normativa vigente e ignora el rechazo previo expresado por 49 senadores. Ante ello, Petro justificó su decisión argumentando que hubo irregularidades durante la votación en el Congreso frustrando el avance de la consulta. "Solo cumpliré la ley. Por hacer trampas y fraude contra la consulta, sabiendo que había mayoría en la plenaria a favor de ella, e impidiendo la votación de los senadores presentes, levantando la sesión de afán, se le olvidó lo más importante", escribió el presidente en su cuenta de X.
En respuesta, Cepeda advirtió que el presidente carece de facultades para legislar o certificar actos legislativos. A través de un mensaje público declaró: "Le solicito respetuosamente que cese de usurpar funciones que corresponden a otros estamentos del Estado. Su pretensión de asumir roles que no le competen, como si el Estado fuera una extensión de su voluntad, evoca a los monarcas absolutos, no a los líderes demócratas. Usted no legisla, no juzga la legalidad de los actos administrativos, ni certifica los procedimientos del Congreso".
Petro reafirmó su postura y señaló que la Ley 1757 de 2015, artículo 32, le permite convocar la consulta si el Senado no se pronuncia en el plazo de un mes. Esta interpretación fue respaldada por el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, quien aseguró: "Al presidente elegido por los colombianos no se le puede quitar sus derechos legales y constitucionales".
Asimismo, el presidente expresó que la ciudadanía respaldó su agenda de reformas sociales, incluyendo la laboral, y llamó a una movilización pacífica en respaldo del Gobierno. En ese contexto, declaró: "Llamo a toda la ciudadanía a la paz y la convivencia. Los negocios particulares deben dejar salir a las y los trabajadores que deseen libremente sumarse al paro. Dejarlos ir sin represalias y a los manifestantes no agredir ni los bienes públicos, ni a la fuerza pública, que cuidará de sus derechos y de toda la ciudadanía".
En medio de esta polémica, se divulgó un concepto firmado por la auxiliar judicial María Camila Vásquez Bohórquez, el cual indicaba: "Ninguna providencia permite convocar la consulta sin concepto afirmativo del Senado ni autoriza al Ejecutivo a ‘insistir’ tras un concepto negativo". No obstante, la Corte Constitucional desautorizó el documento y afirmó que el tribunal no emite conceptos consultivos ni opiniones institucionales. La Corte anunció una revisión interna sobre este incidente y comunicó que se informará a las autoridades disciplinarias competentes para proceder con las investigaciones pertinentes.