Un hacinamiento del 310%, deficiencias en atención médica y fallas graves en la infraestructura fueron detectadas en la Estación de Policía y la URI Permanente Central de Ibagué. La situación afecta directamente los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad, al generar demoras en el suministro de alimentos, deterioro de las celdas y condiciones inadecuadas para la visita familiar.
Durante una inspección reciente, la Procuraduría General de la Nación verificó estas condiciones críticas y pidió a las autoridades locales y nacionales tomar medidas inmediatas. Entre los requerimientos se encuentra reactivar los traslados de personas detenidas al complejo carcelario de Picaleña para aliviar el hacinamiento.
También se solicitó asignar personal médico, asegurar traslados oportunos a centros de salud, gestionar citas, tratamientos y entrega de medicamentos. En materia de infraestructura, exigió la reparación de baterías sanitarias, celdas deterioradas y el techo de la sala de audiencias. Asimismo, se pidió habilitar espacios para visitas familiares, al menos en modalidad virtual.
La Procuraduría Provincial de Instrucción de Ibagué advirtió que ignorar estos requerimientos y las decisiones judiciales vigentes podría constituir una falta disciplinaria. Señaló que todas las autoridades involucradas deben actuar para garantizar los derechos a la vida, la salud, la dignidad y la integridad de las personas detenidas.