Persistentes desigualdades afectan a las mujeres rurales en Colombia, según el Cuarto Informe de Seguimiento presentado por la Comisión de Seguimiento de Defensa de la Mujer Rural, integrada por la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo.
El informe destaca barreras estructurales que dificultan el acceso a tierras, créditos, educación y salud, perpetuando la inequidad. A pesar de su papel en la preservación de recursos naturales, las mujeres rurales enfrentan discriminación de género y exclusión en decisiones económicas. Solo el 26% de las unidades productivas agrícolas son gestionadas exclusivamente por mujeres, limitando su autonomía y acceso a recursos.
Además, el documento señala que el lenguaje jurídico carece de perspectiva de género, invisibilizando su rol. Gustavo Guerrero, procurador delegado, instó a implementar políticas públicas con enfoque de género en zonas rurales.
La Comisión enfatizó que el informe es una herramienta clave para promover cambios estructurales y garantizar la inclusión de las mujeres rurales, fundamentales para el desarrollo del país.