Autoridades judiciales y disciplinarias investigan un presunto desvío de 100 mil millones de pesos en un convenio suscrito para adquirir terrenos dirigidos a proyectos productivos. Los recursos habrían sido utilizados para fines distintos a la compra de predios, según indicios preliminares del Ministerio Público.
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra seis exfuncionarios y funcionarios por posibles irregularidades. Entre ellos se encuentran el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo de Jesús López Martínez, y el exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), César Manrique.
También fueron vinculados el exsecretario general de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Daniel Medina, y el exsubdirector para el Conocimiento del Riesgo de la UNGRD, Luis Barreto. A ellos se suman María Fernanda Jaramillo y Daniela Valencia, vicepresidentas de La Fiduprevisora en las áreas de Negocios Fiduciarios y Contratación Derivada, respectivamente.
La investigación busca determinar las razones por las cuales se modificó el convenio original, lo cual habría derivado en el uso de los recursos bajo la justificación de atender emergencias y calamidades públicas provocadas por el invierno.
Además, el órgano de control examina si en la eventual compra de terrenos se presentaron sobrecostos, si los predios fueron efectivamente entregados y a qué beneficiarios, según las condiciones establecidas para el Registro Único Nacional de Damnificados.