Irregularidades en el contrato 469 de 2019 del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en Arauca provocaron sanciones contra exfuncionarios y contratistas. Las fallas causaron sobrecostos por 898 millones de pesos y afectaron la entrega de alimentos en pandemia.
Faltaron estudios previos completos y serios, informó la Procuraduría General de la Nación. El contrato fue modificado sin análisis que justificaran el cambio de ración servida en escuelas a ración para preparar en casa. El contratista entregó porciones con pocos ingredientes que no alcanzaban para 20 almuerzos por estudiante.
Ortiz Ramírez, exsecretaria de Educación departamental, aprobó un adicional por más de 4.200 millones de pesos sin cumplir lineamientos de la Unidad de Alimentación Escolar. Recibió destitución e inhabilidad por 9 años.
Castillo Cisneros, exgobernador de Arauca, fue suspendido por 12 meses. Firmó una adición por más de 14 mil millones sin estudios de mercado. No se evitó el sobrecosto.
Mahecha Herrera, representante legal de la interventora Invida SAS, fue multada con 20 salarios mínimos. La sancionaron con inhabilidad por 10 años. No cumplió sus funciones de control.
Ruiz Puerta, supervisor del contrato de interventoría, fue suspendido tres meses por omitir sus responsabilidades.
La decisión también incluye sanciones para William Arévalo Quintero y Uriel Niño López. Ambos omitieron requisitos técnicos y normativos al modificar el contrato y firmar sin soporte adecuado.