Los establecimientos educativos deben ser espacios seguros, libres de discriminación y protectores de vida

Cada 28 de junio, el mundo conmemora una lucha que sigue vigente, la de las personas LGBTIQ+ por una vida digna y libre de violencias. El Ministerio de Educación Nacional afirma su compromiso con la garantía del derecho a la educación, el respeto por la diversidad, así como manifiesta cero tolerancias con la discriminación en los entornos educativos.

En este sentido, todos los establecimientos educativos, incluidas las Instituciones de Educación Superior, deben ser espacios libres de discriminación, donde se valore la diferencia y se promueva la dignidad de todas las personas, para garantizar condiciones que garanticen su bienestar a cada estudiante que se reconozca como parte de la población LGBTIQ+.

Ante cualquier caso de discriminación, el Ministerio de Educación recuerda que los establecimientos educativos tienen el deber de implementar el Protocolo de Prevención y Atención de Violencias Basadas en Género, con el fin de abordar cualquier situación de violencia basada en prejuicios, estereotipos o estigmas por orientación sexual o identidad de género diversa.

Los establecimientos educativos del país, gracias a la Ley 1620 de 2013, cuentan con sus propios Comités de Convivencia Escolar, que tienen la responsabilidad de promover el respeto por la diversidad y prevenir cualquier situación que vulnere la integridad física o emocional de sus estudiantes.

En los territorios, las entidades como las Secretarías de Educación, Secretarías de Salud, el ICBF, la Policía de Infancia y Adolescencia, las Comisarías de Familia, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría integran los Comités Territoriales de Convivencia Escolar, encargados de proteger y restituir los derechos de personas que sean víctimas de violencias por motivos de orientación sexual o identidad de género.

Según datos del Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar (SIUCE), desde 2020 y hasta junio de este año se han registrado más de 120 casos de discriminación por orientación sexual e identidad de género, por este motivo, el Ministerio de Educación motiva a la comunidad educativa a hacer uso de esta herramienta para el reporte de situaciones que ponen en riesgo la convivencia en los entornos escolares.

Igualmente, avanzamos hacia una educación superior inclusiva con la implementación de la Resolución 14466 de 2022 y el convenio suscrito con ASCUN en 2024, con el que articuladamente se han desarrollado orientaciones técnicas para que las Instituciones de Educación Superior incorporen el enfoque de género y diversidades en sus procesos y consoliden protocolos eficaces para entornos libres de violencia y discriminación. Gracias a este esfuerzo, ya se han diseñado y recibido 289 protocolos de instituciones de educación superior en todo el país.

Para 2025, se trazó una hoja de ruta que incluye asistencia técnica a las IES con menor nivel de cumplimiento, campañas construidas con las comunidades educativas y la articulación con la Ley 2365 de 2024 y el "Plan Transversal para la Eliminación del Acoso Sexual". Estas acciones se integran al CONPES 4147, que impulsa el acceso, permanencia y bienestar de la población LGBTIQ+ en la educación superior.

Entre los avances en términos legales para la protección de los derechos de las personas LGBTIQ+ se encuentran normas como la Ley 1752 de 2015, que penaliza actos de discriminación por orientación sexual e identidad de género.

También hay distintas sentencias de la Corte Constitucional, como el caso de Sergio Urrego (T-478 de 2015), el derecho al libre desarrollo de la personalidad (T-349 de 2016) la inclusión en manuales de convivencia (T-565 de 2013), la obligación pedagógica de los establecimientos educativos de formar y respetar el libre desarrollo de la personalidad (T443-2020) y las prohibición de la vulneración relacionada con las orientaciones sexuales e identidades de género, así como la obligación constitucional de formar a través del Proyecto Transversal de Educación para la Sexualidad y la Construcción de Ciudadanía sobre los derechos de las personas LGBTIQ+ usando saberes basados en la evidencia científica especializada en estos derechos (T529-2024).

Toda la jurisprudencia de la Corte ha establecido precedentes claros sobre la obligación de los establecimientos educativos de prevenir y sancionar cualquier forma de exclusión o violencia, así como la prohibición a las Instituciones de Educación Superior de realizar actos discriminatorios por razones de raza, orientación sexual e identidad de género, (Sentencia T-141 de 2015).

Hoy 28 de junio, Día del Orgullo y lucha por los derechos de las personas LGTBIQ+, el Misterio de Educación Nacional reconoce que, pese a estos avances normativos y de política pública educativa, siguen existiendo desafíos para erradicar las violencias por prejuicio en el sector educativo.

De esta manera, el compromiso del Ministerio es aunar esfuerzos para lograr eliminar esta violencia e insta a los establecimientos educativos, en todos sus niveles, a cumplir su deber de garantizar espacios seguros y libres de discriminación donde estudiantes, docentes, directivos docentes, familias y en general la comunidad educativa, puedan vivir y disfrutar del derecho a la educación en igualdad, donde se reconozca la diferencia, proteja la vida y abran caminos de dignidad.