El proyecto se constituye en el marco de la justicia para la paz y pretende dotar al Estado de herramientas legales sólidas y humanitarias para avanzar en los procesos de desmovilización, diálogo y justicia frente a los actores armados ilegales.
El articulado puesto a consideración del legislativo brinda herramientas para fortalecer la seguridad ciudadana, garantizar un mínimo de justicia e imponer penas privativas de la libertad.
La iniciativa legislativa brinda apoyo a los esfuerzos del Gobierno para alcanzar la Paz Total en Colombia con normas claras para lograr el desarme, la desmovilización y la reintegración de los grupos armados ilegales, respetando siempre los derechos de las víctimas.
Su diseño y trámite fue liderado por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, quien así entrega una hoja de ruta para enfrentar el conflicto armado y el crimen organizado desde la justicia, la verdad y la reparación.
El funcionario explicó que se trata de una apuesta jurídica que combina los aprendizajes del pasado con nuevas formas de negociar y lograr resultados reales.
“El objetivo no es premiar a los criminales, sino darle herramientas al Estado para acabar con la violencia, proteger a las comunidades y fortalecer la justicia", dijo el ministro Montealegre.
Puntos claves
No todos los grupos serán tratados igual: a grupos como el ELN o las disidencias de las antiguas Farc se les reconocería un carácter político para poder avanzar en negociaciones de paz.
A las bandas criminales, como el Clan del Golfo, se les aplicaría un proceso de sometimiento a la justicia, con posibles beneficios jurídicos si colaboran realmente, entregan armas y ayudan a desmantelar sus estructuras.
El proyecto también aclara que los beneficios solo se entregarán si hay compromisos claros y verificables, como dejar de atacar a la población, contar la verdad, reparar a las víctimas y comprometerse con la reintegración.
A su vez, corregir uno de los grandes problemas que tiene hoy el sistema de justicia: la cantidad de leyes desarticuladas que hacen difícil enfrentar a los grupos ilegales.
Unificar criterios, evitar confusiones y permitir una actuación más efectiva por parte de jueces, fiscales y autoridades.
Avanzar hacia una paz verdadera, con justicia para las víctimas y seguridad para todos los colombianos.
De otro lado, el proyecto cuenta con el aval del Consejo Superior de Política Criminal del pasado viernes.