Más de 30 pueblos indígenas del oriente amazónico colombiano enfrentan riesgos graves por el uso de mercurio y la minería ilegal. Así lo establece la sentencia T-106 de 2025 de la Corte Constitucional, que protege derechos como la salud, la seguridad alimentaria, el acceso al agua, el ambiente sano y el territorio.
La decisión beneficia a comunidades asentadas en el macroterritorio Jaguares de Yuruparí, una región de ocho millones de hectáreas. Entre las medidas exigidas están la descontaminación de fuentes hídricas, el fortalecimiento del sistema de salud indígena y la garantía de sus derechos territoriales.
Como parte del cumplimiento, las comunidades indígenas propusieron abrir un espacio de diálogo intercultural para definir la ruta de implementación. Este diálogo apunta a coordinar acciones con enfoque participativo y culturalmente pertinente.
De acuerdo al comunicado de la Procuraduría, las instituciones involucradas deben respetar la cosmovisión indígena y aplicar principios de justicia dialógica. También se exhortó a evitar respuestas parciales o desarticuladas que puedan generar nuevas afectaciones a los pueblos originarios de la Amazonía.