Eñ ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, compareció ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia para la audiencia pública en la que se dio a conocer la formulación de acusación en su contra por hechos relacionados con el carrusel de la contratación en Bogotá.
Durante la diligencia, el funcionario del Gobierno Petro rechazó categóricamente las imputaciones, afirmando que se trata de “calumnias de dos condenados delincuentes” y su defensa solicitó la nulidad del proceso, el cual se adelanta por presuntos actos de corrupción ocurridos en 2009.
“Por solicitud de mis abogados defensores, hemos decidido interponer el recurso de apelación respecto al numeral cuarto de la parte resolutiva y, debo advertir, seguiré insistiendo en mi inocencia plena”, aseguró Sanguino durante la audiencia.
El ministro añadió que “estas acusaciones se han derivado de declaraciones calumniosas de dos confesos delincuentes condenados como el señor Héctor Zambrano y Julio Gómez. Condenados gracias a mis denuncias contra el cartel de la contratación en mi condición de concejal de Bogotá”.
La defensa del ministro fundamentó la apelación, la cual contó con el respaldo de la procuradora delegada asignada al caso, mientras que la fiscal delegada ante la Corte solicitó que el proceso continúe su curso.
En la audiencia, el abogado defensor expresó: “A pesar de que estoy de acuerdo con gran parte de la juiciosa providencia que realizó la Sala de Primera Instancia, les pido que revisen estos argumentos y revoquen el numeral cuarto de la providencia del 8 de agosto, y en su lugar decreten nulidad de la imputación dentro de este radicado”.
Por su parte, la fiscal del caso aclaró que “el curso de la audiencia de acusación apenas ha tenido su inicio y la adición al escrito de acusación no ha sido realizado”, solicitando al magistrado Jorge Caldas, integrante de la Sala de Primera Instancia, confirmar el juicio contra Sanguino por los hechos relacionados al año 2009.
En tanto, la procuradora a cargo manifestó la existencia de “falencias” en el desarrollo procesal, por lo que apoyó la petición de nulidad presentada por la defensa.
Durante la diligencia, la Corte Suprema de Justicia reconoció formalmente a la Subred Sur de la Secretaría de Salud de Bogotá como víctima en este proceso.
Según la acusación, el entonces concejal habría influido para que se adjudicara la construcción del nuevo Hospital de Usme a un empresario, a cambio de recibir una coima equivalente al 10 % del valor total del contrato.