El suministro de pasaportes enfrenta un riesgo de interrupción a partir del 1 de septiembre de 2025. El nuevo convenio estatal no define con claridad quién asumirá la prestación del servicio tras el vencimiento del contrato actual, que contempla la entrega de menos de 290.000 libretas antes del 31 de agosto.
Según advirtió la Procuraduría General de la Nación, el acuerdo entre la Cancillería y la Imprenta Nacional carece de estudios técnicos previos y documentos precontractuales, como lo exige la legislación en materia de contratación pública. Además, la contratación fue asignada a la Imprenta Nacional, a pesar de que los estudios previos elaborados por la Cancillería estaban dirigidos a un aliado público internacional.
La entidad de control también expresó preocupación ante la posible aplicación de la figura de urgencia manifiesta, sin evidencia de que el contratista actual haya sido notificado o consultado. A esto se suma la falta de claridad sobre el acto administrativo mediante el cual el convenio fue suscrito por la secretaria general encargada, y no por la ministra de Relaciones Exteriores.
En el pasado, la Imprenta Nacional ya había sido señalada por posibles irregularidades en procesos similares, como la contratación para fabricar cédulas de extranjería con intervención de un tercero internacional.