Nuevo nombramiento en el Gobierno: cartagenero asume como Superintendente de Transporte

El presidente Gustavo Petro continúa reforzando su equipo de gobierno con profesionales provenientes de diversas regiones del país. En esta ocasión, un nuevo cartagenero se suma al gabinete nacional para ocupar un cargo de alto nivel en una de las entidades más relevantes del sector transporte.

Se trata de Alfredo Enrique Piñeres Olave, quien ha sido designado como nuevo Superintendente de Transporte. Piñeres es ingeniero civil egresado de la Universidad Nacional de Colombia y cuenta con una Maestría en Infraestructura Vial y Transporte de la Universidad de los Andes. Su trayectoria incluye su reciente labor como director técnico del SEM Seguridad Vial del Cesar, así como más de dos años como Secretario de Movilidad de la Alcaldía de Barranquilla. Además, ha trabajado como ingeniero de tránsito en Icovías y como ingeniero de campo en la Universidad Nacional de Colombia.

Según el comunicado emitido por la Superintendencia de Transporte, Piñeres posee una amplia experiencia en firmas de interventoría y consultoría, donde se ha desempeñado como especialista en transporte, director de estudios y coordinador de proyectos.

Los principales desafíos de Piñeres en su nuevo rol incluyen trabajar de manera articulada con los empresarios del sector para combatir la ilegalidad y la informalidad. También buscará “establecer políticas encaminadas a generar conciencia de seguridad vial”.

Entre sus metas se encuentran el acompañamiento a los prestadores del servicio público para fortalecer su desarrollo, así como el impulso de programas de promoción y prevención que orienten a los transportadores a operar dentro del marco legal y regulatorio. Asimismo, se propone “seguir implementando nuevas tecnologías con miras a la transformación digital, con el propósito de sistematizar los procesos de la Entidad para generar transparencia, legalidad y confianza en los vigilados por la Superintendencia de Transporte”.

Además, asumirá el compromiso de velar por “los derechos de los ciudadanos y ciudadanas que utilizan el transporte público, las infraestructuras y los servicios conexos del sector”.