Pedro Mauricio Beltrán Dulcey fue sancionado por la Procuraduría General de la Nación con inhabilidad de 10 años para ejercer funciones públicas y una multa de 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes. La decisión se tomó por su omisión como interventor en un contrato de obra pública celebrado entre la Empresa de servicios Públicos de Santander y la UT Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado en el municipio de Vélez.
Durante su ejercicio como particular en funciones públicas, Beltrán Dulcey no exigió la calidad de los materiales empleados ni la correcta ejecución del proyecto. Como consecuencia, tramos de la obra presentaron fallas estructurales en 2021 y 2022, lo que obligó a levantar y renovar el pavimento dañado.
En los informes se documentaron problemas como disgregación y desintegración del pavimento, fisuras, baches y hundimientos, atribuibles a deficiencias en la calidad de los trabajos. La Procuraduría calificó la conducta como falta gravísima con culpa gravísima por desatención elemental.
Contra la sanción impuesta procede recurso de apelación ante la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento, conforme al procedimiento establecido por el ente de control disciplinario, informó la Procuraduría en un comunicado al que accedió NotiPress.