Los principales órganos de control—Contraloría General, Procuraduría, Defensoría del Pueblo y Registraduría—emitieron hoy un pronunciamiento conjunto exigiendo justicia por el atentado al senador Miguel Uribe Turbay e instaron al inicio de un diálogo político nacional para proteger la vida democrática del país.
En el comunicado, convocaron a “resguardar el ejercicio político” y evitar que el país sucumba ante la violencia, instando al Gobierno y a los partidos a profundizar en garantías electorales y esquemas de protección.
La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, destacó la necesidad de responder con unidad institucional y respaldo al poder judicial para esclarecer los hechos, insistiendo en que “la democracia colombiana está bajo examen”.
Este llamado se produce en un momento de tensión y desazón política, donde múltiples sectores han señalado la urgencia de reformas o mejoras en los protocolos de seguridad para candidatos y líderes sociales.
Tras semanas marcadas por hechos violentos de alta repercusión, las entidades de control indican que serán veedoras del proceso, exigiendo transparencia en las indagaciones y sanciones estrictas si se comprueba negligencia.
El pronunciamiento también sugiere promover mesas de trabajo interinstitucionales que incluyan autoridades nacionales y locales, con el objetivo de fortalecer mecanismos preventivos efectivos en todo el territorio.