Hoy, jueves 19 de junio, la Procuraduría General de la Nación (PGN) requirió formalmente al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) que avance en la delimitación transitoria entre Barranquilla y Puerto Colombia, tras quedar en suspenso más de 1.400 hectáreas por una reciente sentencia del Consejo de Estado.
La controversia comenzó cuando la Asamblea Departamental del Atlántico cedió terrenos al municipio de Puerto Colombia, incluyendo el llamado “corredor universitario”; sin embargo, el Consejo de Estado anuló la ordenanza, dejando sin definición jurídica el límite municipal.
En el oficio dirigido al IGAC, la Procuraduría insta a establecer los lindes de manera provisional mediante herramientas técnicas, para retomar la prestación de servicios públicos y garantizar la convivencia territorial .
Funcionarios del IGAC explican que, si bien el proceso es complejo, se cuenta con cartografía previa y datos satelitales que pueden permitir una delimitación inicial, incluso mientras se tramita una solución definitiva en el Congreso.
Gobiernos locales de Barranquilla y Puerto Colombia han manifestado preocupación por la incertidumbre en materia de catastro, impuestos, vivienda y orden público en las zonas en disputa.
La Procuraduría alertó sobre posibles riesgos administrativos y sociales si el impasse persiste, y señaló que el Congreso deberá emitir la solución permanente antes de finalizar el periodo legislativo.