El presidente Gustavo Petro ha puesto el servicio diplomático en el centro de su proyecto de Gobierno, que busca una transformación profunda y una representación más diversa. En su más reciente consejo de ministros, Petro afirmó públicamente que “no debe haber requisitos para nombrar embajadores y embajadoras de Colombia” y ordenó a la canciller Laura Sarabia que aplique esta directriz. “Cualquier hijo de obrero puede ser embajador. ¿No les gusta? Pues este es el Gobierno del cambio”, sostuvo, contradiciendo su promesa de campaña de fortalecer la carrera diplomática y planteando la necesidad de reformas legales en el Congreso para implementar estos cambios. Esta medida forma parte de su estrategia para dar mayor representatividad a sectores sociales tradicionalmente excluidos.
Aunque coherente con su proyecto político, esta postura ha generado polémica. Durante su mandato, Petro ha recurrido al nombramiento de embajadores y cónsules sin formación diplomática, muchos de ellos políticos o amigos cercanos. En América Latina, por ejemplo, a finales de 2022 solo tres de los doce embajadores designados por su gobierno eran diplomáticos de carrera. Algunos casos han sido muy controversiales: Álvaro Moisés Ninco fue nombrado embajador en México sin cumplir requisitos mínimos y debió salir tras una orden judicial; León Fredy Muñoz, designado en Nicaragua, enfrentaba una investigación penal; y Ligia Margarita Quessep, amiga de la primera dama, fue nombrada embajadora en Italia.
Los sindicatos de la Cancillería han presentado múltiples demandas por estos nombramientos, argumentando que funcionarios de carrera están siendo desplazados. La justicia ha fallado en varios casos contra designaciones irregulares en países como Argentina, Reino Unido y Francia. El más reciente revés fue contra Armando Benedetti, exembajador ante la FAO, por no cumplir con requisitos básicos como dominio de idiomas y estudios de posgrado.
En respuesta, Petro ha cuestionado abiertamente la carrera diplomática tradicional. Celebró el nombramiento de Gustavo Makanaky, un médico afrodescendiente del Valle del Cauca, como embajador en Japón, criticando que “teníamos una Cancillería blanca, de élite y aristocrática”. En el último consejo de ministros reiteró esta crítica: “¡El sindicato es blanco!”. Ante estas declaraciones, sindicatos como Unidiplo han promovido campañas en redes sociales para visibilizar historias de diplomáticos de carrera que han alcanzado sus posiciones desde contextos humildes y a través del esfuerzo.
Mientras sus críticos alertan sobre el menosprecio a una carrera exigente y reglamentada —reflejado en una carta pública de siete excancilleres—, Petro traslada el debate hacia la inclusión social y étnica. Sostiene que su gabinete es ejemplo de diversidad nunca antes vista en Colombia, y que el cuerpo diplomático debe seguir ese mismo camino.
Desde antes de asumir la Presidencia, Petro dio señales de este cambio al anunciar a Leonor Zalabata, lideresa indígena arhuaca, como embajadora ante la ONU, así como a otros indígenas en cargos relevantes. Su primer gabinete incluyó a figuras como la vicepresidenta Francia Márquez, líder social del Cauca, y ministras con perfiles alternativos a la tecnocracia tradicional.
Esta ruptura con una tecnocracia que predominó durante seis décadas —conformada por economistas, hombres, y profesionales formados en élites académicas de Bogotá o el exterior— ha enfrentado resistencia. Petro ha buscado abrir espacios a perfiles distintos, pero la rigidez institucional y los requisitos técnicos han generado tensiones y críticas.
Ejemplos recientes incluyen la posible designación del ministro de Minas, Edwin Palma, para dirigir Ecopetrol, que requeriría modificar los requisitos del cargo, y la directora de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Irene Vélez, quien incorporó a su equipo profesionales de filosofía y teología, mostrando un enfoque poco convencional que generó controversia.
El politólogo Alejandro Chalá, experto en redes de poder del Gobierno, señala que aunque había expectativa de que Petro fortaleciera una “tecnocracia de izquierda” que combine conocimiento estatal con perspectivas alternativas, la realidad ha sido diferente. “El presidente está privilegiando la lealtad en vez de profundizar un trabajo que abogue por crear esa ‘tecnocracia’ de izquierda”, afirma.
Chalá señala que el fin de los requisitos para embajadores podría responder a que “el Gobierno se está quedando sin una base de gente afín que conozca del Estado para suplir esos cargos”. También menciona el reciente nombramiento de Alfredo Saade, un pastor cristiano y aliado fiel de Petro, como jefe de Gabinete, destacado por sus posturas radicales pero sin amplia representación social ni política.
En conclusión, la apuesta de Petro por un Gobierno diverso y distinto a la tecnocracia tradicional ha chocado con estructuras establecidas y ha generado debates sobre la calidad y profesionalismo en el servicio diplomático y público.