El presidente Gustavo Petro defendió el decreto 0799 emitido por el Ministerio de Justicia, que retira al Consejo de Estado la competencia exclusiva para conocer tutelas interpuestas en su contra. A partir de esta reforma, cualquier juez de circuito del país podrá admitir y fallar tutelas dirigidas contra el presidente de la República.
Petro argumentó que la medida busca evitar la “elitización de la justicia” y garantizar que cualquier ciudadano pueda ejercer su derecho ante cualquier juez, sin necesidad de acudir únicamente a una alta corte. En sus palabras, esto representa un paso hacia la “democratización plena de la justicia”.
El Gobierno explicó que el decreto responde al principio de igualdad ante la ley y a la necesidad de desconcentrar funciones judiciales. De acuerdo con el viceministro de Justicia, Jefferson Dueñas, se trata de una restitución del esquema que operaba antes de 2021, cuando las tutelas contra autoridades nacionales podían ser tramitadas por jueces ordinarios.
Sin embargo, la medida ha generado fuertes críticas. El presidente del Consejo de Estado, Luis Alberto Álvarez, expresó su preocupación por los riesgos que implica distribuir estos casos entre múltiples jueces, lo que —según advirtió— podría afectar la unidad jurisprudencial, generar incertidumbre institucional y debilitar la separación de poderes.
Organizaciones como la Corporación Excelencia en la Justicia calificaron el decreto como una grave alteración del orden institucional y una posible retaliación del Ejecutivo, luego de que el Consejo de Estado suspendiera un decreto presidencial anterior. También señalaron que la expedición del nuevo decreto podría haber omitido procesos de consulta obligatorios.
Mientras tanto, el Gobierno insiste en que la reforma facilita el acceso a la justicia y amplía las posibilidades de tutela ciudadana. El debate continúa abierto sobre los alcances jurídicos y políticos de la decisión, así como sobre su impacto en el equilibrio de poderes en el país.