Poco mas de dos meses después de recibir una condena por actos sexuales con una menor de 14 años, Camilo Andrés Bernal Numpaque continúa en libertad en Boyacá, La Fundación Mujer Libre ha denunciado la inexplicable demora en la ejecución de la orden de captura, lo que mantiene en riesgo a potenciales víctimas.
Según registros judiciales, el proceso penal contra Bernal Numpaque avanzó con pruebas contundentes, incluyendo testimonios médicos y forenses que confirmaron el abuso. Pese a ello, tras la sentencia condenatoria emitida en octubre de 2023 por un juzgado de Tunja, el implicado no ha sido privado de la libertad. Expertos consultados señalan que, aunque existen recursos legales para apelar, esto no debería suspender automáticamente la detención en delitos de esta gravedad.
La Fundación Mujer Libre interpuso acciones ante la Fiscalía y el INPEC para acelerar el proceso. "Es inaceptable que un agresor sexual de menores camine impunemente mientras la víctima y su familia viven con miedo", declaró María Fernanda Rodríguez, directora de la organización. Datos del Instituto Nacional de Medicina Legal revelan que Boyacá registró 287 casos de violencia sexual contra menores en 2023, un 12% más que en 2022.
Abogados penalistas explican que, aunque la ley colombiana establece la prisión preventiva para delitos sexuales contra menores (Artículo 308 del Código Penal), la demora ocurre por trámites burocráticos entre la rama judicial y la policial. "El certificado de ejecución de pena puede tardar semanas en emitirse, y hasta entonces no se activa la orden", advirtió el jurista Carlos Gómez.
Mientras tanto, la víctima y su familia permanecen bajo medidas de protección. El caso ha reavivado el debate sobre la urgencia de reformas para agilizar la reclusión de condenados por delitos sexuales, un tema pendiente en el Congreso pese a múltiples proyectos presentados en los últimos años.
Hasta el momento, la Fiscalía General informó que "el proceso de ejecución penal sigue su curso" y aseguró que se están tomando "medidas para garantizar la pronta captura". Sin embargo, no precisaron plazos concretos, dejando en vilo a la comunidad boyacense.