Procuraduría abre indagación contra ministros por firma del decreto de consulta popular promovido por Petro

La Procuraduría General de la Nación anunció este jueves la apertura de una indagación preliminar contra el gabinete ministerial del presidente Gustavo Petro, tras la firma del Decreto 639 de 2025, que convoca a una consulta popular sobre la reforma laboral impulsada por el Gobierno. El decreto, que ha sido denominado en el debate político como el ‘decretazo’, fue suscrito por los 18 ministros —o sus delegados— y ha generado fuertes críticas por parte de sectores de la oposición, que incluso han advertido posibles implicaciones penales por prevaricato.

“El día de hoy, en virtud de una queja presentada por varios ciudadanos, se abrió una indagación preliminar contra todos los ministros que firmaron el Decreto 639 de 2025. En virtud del fuero disciplinario que cobija a los ministros del despacho, esa indagación la tramita la Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría General de la Nación”, señaló el organismo de control en un comunicado oficial.

Uno de los ciudadanos que presentó queja formal ante la Procuraduría es el concejal de Bogotá, Daniel Briceño, del partido Centro Democrático, quien celebró públicamente la decisión a través de su cuenta en la red social X. “Necesitamos respuestas inmediatas, no más impunidad”, expresó.

El decreto en cuestión fue expedido por el Gobierno nacional tras varios intentos fallidos de avanzar con la reforma laboral en el Congreso. La propuesta original fue archivada por el Senado en marzo y, posteriormente, en mayo, también fue negada una solicitud de consulta presentada por el Ejecutivo como alternativa para someter la reforma a votación popular. Ante esto, el presidente Petro anunció una convocatoria a consulta popular de manera directa para el próximo 7 de agosto, coincidiendo con la conmemoración del Día de la Independencia.

Además de la indagación, la Procuraduría informó que participa en dos procesos en curso ante el Consejo de Estado, los cuales están relacionados con la votación del 14 de mayo, fecha en la que el Senado rechazó de manera formal la solicitud de consulta del Ejecutivo.

Este nuevo capítulo agrega tensión al panorama político, en medio del debate nacional sobre los límites del poder presidencial y la legalidad del uso de mecanismos de participación ciudadana frente a decisiones del Congreso.