Procuraduría abre investigación por millonario contrato en la Uspec para equipos de seguridad penitenciaria

La Procuraduría General informó que se recibió una denuncia contra la directora de Logística de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), Carmen Simijaca, y la subdirectora de Suministro de Bienes, Tania Buitrago, por presuntas irregularidades en un contrato que supera los 17 mil millones de pesos. El contrato está destinado a la adquisición de equipos de seguridad penitenciaria, con el objetivo de renovar y modernizar algunos de los dispositivos actualmente en uso.

El expediente, identificado con el número E-2025-384323, señala que el proceso contractual ha sufrido modificaciones que podrían favorecer a un solo oferente, motivo por el cual se solicita vigilancia para esclarecer posibles irregularidades.

En el documento presentado, se detallan los argumentos que sustentan la denuncia y que justifican la necesidad de revisar si la contratación se ajustó a las normativas legales vigentes.

Entre las presuntas irregularidades se destaca que la Uspec habría impuesto especificaciones técnicas exclusivas para un escudo de seguridad, “inventado”, el cual no existe en Colombia, pues solo una empresa posee los moldes para su fabricación. Esta exigencia, según la denuncia, “vicia el procedimiento desde su origen, excluyendo injustificadamente a productores nacionales debidamente registrados ante el Estado y en la particularidad de lo que se requiere”.

Además, se denuncia que se pidió un medidor de humedad para los filtros de las máscaras, un requisito que no es evaluado por la norma internacional NIOSH, “generando así sobrecostos superiores al 100%”.

Ante estos hechos, se solicitó a la Procuraduría que adelante las investigaciones necesarias para determinar si existen responsabilidades disciplinarias por parte de las funcionarias involucradas.

El Ministerio Público ya tiene registro de la denuncia y en las próximas horas se realizará el reparto correspondiente para definir si existen méritos para abrir una indagación previa que permita esclarecer los hechos.

De acuerdo con la denuncia, también se planea remitir la información a la Fiscalía General de la Nación, aunque hasta el momento no se ha radicado formalmente el caso ante ese ente.