Procuraduría formula pliego de cargos contra funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio por presuntas irregularidades en inspecciones

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra Francisco Melo Rodríguez, superintendente delegado para la Protección de la Competencia, y otros 15 funcionarios y contratistas de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), debido a posibles irregularidades durante las diligencias realizadas en marzo de 2024 en las sedes de la Registraduría Nacional y la Cancillería.

Según el Ministerio Público, durante estas visitas, los funcionarios de la SIC habrían solicitado, accedido y extraído información de computadores institucionales y dispositivos móviles personales de servidores públicos de las entidades visitadas, excediendo el objeto de la averiguación preliminar que adelantaban. Estas acciones podrían haber comprometido la protección de los derechos fundamentales de los servidores públicos y puesto en riesgo la confidencialidad del censo electoral y otra información institucional sensible.

Los funcionarios y contratistas involucrados en la visita a la Registraduría incluyen a Martha Liliana Fandiño Vergara, Mercy Lorena Agámez Rodríguez, Daniela Alvarado Guzmán, Rober Alexis Núñez Barrios, Jéssica Juliana Ortega Velandia y Daniel Leonardo Muñoz Manrique. En la visita a la Cancillería participaron Yolanda Hernández Alonso, María José Montejo Pino, Diana Carolina Gómez Ortiz, Juan Pablo Martínez Cortés, Douglas Fernando Moreno Mape, Nohemí Rodríguez Pombo y Karen Vanessa Angulo Sogamoso. Además, Mario Alejandro Franco Vanegas y José Miguel Moreno Reina estuvieron presentes en ambas diligencias.

La Procuraduría busca determinar si estas actuaciones constituyen faltas disciplinarias por parte de los funcionarios de la SIC, al exceder sus competencias y vulnerar derechos fundamentales durante las inspecciones. Este proceso disciplinario subraya la importancia de que las entidades estatales respeten los límites de sus funciones y garanticen la protección de la información sensible y los derechos de los servidores públicos.