La Procuraduría General de la Nación confirmó la sanción e inhabilidad por 15 años impuesta a Sandra Patricia Ortiz Garzón, exsecretaria de Desarrollo Social de un municipio del Tolima, por intervenir en política durante su cargo. La decisión de segunda instancia fue adoptada por la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento.
Ortiz Garzón fue hallada responsable de apoyar la candidatura de Rosmery Martínez Rosales a la Gobernación del Tolima en 2019. Según la Procuraduría, utilizó su cargo para presionar a dos contratistas vinculadas al municipio, quienes habían sido recomendadas por Emilio Martínez Rosales, hermano de la entonces aspirante.
La funcionaria habría exigido a las contratistas devolver una parte significativa de sus honorarios —recibiendo solo $1.700.000 del total pactado— con el argumento de financiar insumos para la campaña. Además, el ente de control documentó su presencia en la sede política de Cambio Radical, donde se coordinaban asuntos electorales.
La falta fue calificada como gravísima y cometida con dolo, debido al carácter sistemático y reiterado del abuso de poder evidenciado en el proceso disciplinario.