Advertencias por posibles afectaciones a la legalidad y la autonomía universitaria marcaron el proceso de reforma estatutaria en la Universidad del Atlántico. La iniciativa, actualmente bajo vigilancia preventiva, deberá garantizar el respeto al marco constitucional y a los derechos de la comunidad educativa.
Según la alerta emitida por la Procuraduría General de la Nación, el procedimiento debe ajustarse al principio de legalidad y no comprometer el interés general. Las observaciones surgieron ante el riesgo de que la nueva normativa vulnere garantías como la seguridad jurídica, la igualdad ante la ley y el debido proceso.
El control preventivo también recordó que la autonomía universitaria no es absoluta, sino que tiene como límite el orden legal vigente. Por ello, advirtió que cualquier reforma debe interpretarse de manera armónica con los principios constitucionales que rigen la educación pública.
Como parte del seguimiento, la Procuraduría solicitó al Consejo Superior un informe completo del procedimiento, incluyendo todos los soportes. Esta revisión busca asegurar que el cambio normativo respete tanto los límites jurídicos como los derechos colectivos vinculados al funcionamiento universitario.