El Gobierno nacional desplegó un operativo de seguridad en Risaralda que incluye la entrada del Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas 9, el refuerzo de 190 nuevos policías, 20 investigadores judiciales, un cartel de los más buscados y recompensas por 3.200 millones de pesos para ubicar a cabecillas del ELN.
Las acciones se concentraron en Pereira y Dosquebradas, municipios afectados por el microtráfico y la minería ilegal, según señaló el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Se han identificado casos de desplazamiento forzado, violencia sexual y reclutamiento de menores en comunidades indígenas.
Datos oficiales indican que el 69% de los homicidios en Risaralda están relacionados con el consumo de estupefacientes y el 81% se atribuyen a sicariato. El ministro anunció que durante el tercer trimestre de 2025 se convocará una reunión regional con Antioquia, Chocó, Caldas, Risaralda y Quindío para tratar amenazas que superan los límites departamentales.
En un plazo de 20 días, se llevarán a cabo operaciones focalizadas contra grupos criminales que operan en zonas étnicas. Las autoridades recibieron denuncias sobre violaciones a los derechos humanos, por lo que se planea ejecutar acciones quirúrgicas de seguridad.
El plan contempla recompensas de hasta 7.300 millones de pesos por información sobre caletas de dinero, con incentivos del 20% del valor incautado. Según el ministro, esta medida busca afectar las finanzas de estructuras narcoterroristas y fortalecer la colaboración ciudadana.
En Pereira ya se registraron ocho capturas en diez días, una de ellas en el barrio El Rosal, donde fueron detenidas siete personas en una operación conjunta de Ejército y Policía. Entre los capturados está alias ‘Kevin’, presunto cabecilla de la estructura delincuencial ‘Los rebeldes’, dedicada al tráfico de estupefacientes.
Las autoridades indicaron que esta facción se habría separado del grupo ‘Cordillera’, con presencia previa en la ciudad. Un juez emitió las órdenes de captura por concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes y hurto calificado, con lo cual los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía.
Las operaciones se desarrollan en coordinación con la Policía, la Fiscalía y otras entidades, y hacen parte de una estrategia integral que incluye patrullajes, acciones helicoportadas, despeje de recintos y control territorial en zonas priorizadas.