Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda, señalado por su presunta vinculación en casos de corrupción relacionados con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), reapareció ante la Fiscalía General de la Nación.
La mañana del jueves 14 de agosto, Bonilla acudió a las instalaciones de la Fiscalía en Bogotá, acompañado por el abogado defensor de Carlos Ramón González, Javier Torres, quien entregó detalles sobre la diligencia.
Según Torres, “Ricardo Bonilla vive de una pensión modesta como profesor, no posee bienes de fortuna, ha asistido a todas las diligencias judiciales a las que ha sido citado y puso su pasaporte a disposición de las autoridades”.
El abogado agregó que “hoy, 14 de agosto de 2025, ante la Fiscalía, ratificó y demostró que no ha salido del país ni piensa hacerlo y que mantiene su disposición a colaborar y atender cualquier citación que las autoridades le hagan”.
Por su parte, la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia informó que, en los últimos meses, se ha recabado material probatorio que vincularía a Bonilla con el desvío de tres contratos de obra, cuyo valor asciende a 90 mil millones de pesos.
La investigación señala que el exministro habría participado en el cuarto episodio de la denominada “macrocriminalidad” que afectó a la UNGRD. La fiscal aclaró en rueda de prensa que Bonilla deberá responder por los delitos de tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos.
Las pruebas surgieron a partir de declaraciones de María Alejandra Benavides, exasesora cercana a Bonilla, quien entregó información sobre el presunto desvío de los contratos.
De acuerdo con la Fiscalía, estas irregularidades también involucran al entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y al viceministro de Hacienda, Diego Guevara.
El propósito del desvío de los contratos habría sido favorecer a un grupo de congresistas pertenecientes a la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, cuyo apoyo era clave para la aprobación de proyectos del Gobierno.