Testimonios vinculan al ministro Ricardo Bonilla con presuntas irregularidades en la UNGRD

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, enfrenta nuevas acusaciones tras el testimonio de María Alejandra Benavides, exasesora de su despacho, ante la Fiscalía General de la Nación. Según Benavides, Bonilla habría tenido un papel clave en presuntas irregularidades relacionadas con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), asegurando que "absolutamente todo necesitaba autorización" del ministro en las operaciones realizadas.

El testimonio de Benavides se suma a las declaraciones de los exfuncionarios de la UNGRD, Olmedo López y Sneyder Pinilla, quienes revelaron un presunto esquema de compra de congresistas. Según las investigaciones, este esquema buscaba garantizar la aprobación de créditos internacionales mediante el direccionamiento de contratos por 92.000 millones de pesos en tres municipios: Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y Carmen de Bolívar (Bolívar).

La operación, que habría comenzado en diciembre de 2023, también salpica al exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y al asesor presidencial Jaime Ramírez Cobo, quienes habrían tenido roles secundarios en el esquema.

María Alejandra Benavides, quien era considerada la mano derecha de Bonilla, detalló que su función era gestionar contactos proporcionados por congresistas para la adjudicación de contratos, siempre bajo la supervisión directa del ministro. Este señalamiento coloca a Bonilla en el centro de la polémica, ya que, según la testigo, tenía control absoluto sobre las operaciones.

Ricardo Bonilla ha optado por guardar silencio, siguiendo el consejo de sus abogados. Por su parte, Luis Fernando Velasco negó cualquier participación directa en las irregularidades, aunque reconoció que existían tensiones políticas para la aprobación de los cupos de endeudamiento.

Benavides, quien se encuentra en proceso de negociación con la justicia, ha solicitado protección estatal debido a problemas de seguridad derivados de su testimonio. Según fuentes cercanas a la investigación, la exasesora teme represalias por la información revelada.

Estas revelaciones agravan la crisis en el gabinete del presidente Gustavo Petro, con la UNGRD nuevamente en el centro de escándalos de corrupción. La Fiscalía avanza en la recopilación de pruebas mientras crecen las presiones políticas para que Bonilla y otros implicados aclaren su responsabilidad.

La investigación podría tener implicaciones significativas en la administración de Petro, ya que involucra a altos funcionarios del gobierno en un esquema que habría comprometido recursos públicos y la confianza en las instituciones.