AFP
La administración Trump pidió el viernes a la Corte Suprema de Estados Unidos, de mayoría conservadora, que le permita deportar inmigrantes bajo una ley de emergencia que anteriormente sólo se usaba en tiempos de guerra, un plan frustrado por varios reveses legales.
Un juez federal, James Boasberg, suspendió por dos semanas el 15 de marzo todas las deportaciones basadas exclusivamente en la ley de "extranjero enemigo" de 1798 mientras aproximadamente 200 personas presentadas como miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua eran deportadas por avión, sin más trámites, a El Salvador.
La decisión del juez fue confirmada el miércoles por un tribunal federal de apelaciones.
"Este caso plantea preguntas fundamentales sobre quién decide cómo se llevan a cabo las operaciones sensibles de seguridad nacional: el presidente o el poder judicial", argumentó la administración del presidente Donald Trump en su argumento ante la Corte Suprema.
"La Constitución da una respuesta clara: el presidente. La República no puede permitirse otra opción", añadió, pidiendo "como mínimo" que la Corte bloquee la decisión del juez de primera instancia mientras se examina el fondo del caso.
La ley de 1798 había sido utilizada anteriormente sólo en tiempos de guerra, especialmente contra ciudadanos japoneses y alemanes en suelo estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial.
"Los nazis recibieron un mejor trato con la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros" en la década de 1940, señaló una de las juezas, Patricia Millett, en la audiencia de apelación el lunes, subrayando que en ese momento "había apelaciones antes de que una persona pudiera ser deportada".
La ley de 1798 fue invocada en un comunicado presidencial emitido el 15 de marzo para justificar la expulsión ese mismo día a El Salvador de personas presentadas como miembros del Tren de Aragua, declarada "organización terrorista" por Washington en febrero.
- Megaprisión en El Salvador -
“Mientras las decisiones (de primera instancia, nota del editor) sigan vigentes, Estados Unidos no puede basarse en la declaración presidencial para remover a miembros peligrosos de una organización terrorista extranjera, incluso si recibe información de que ciertos miembros del Tren de Aragua están a punto de cometer acciones de desestabilización o infiltración”, insiste la administración Trump.
El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, dio a la parte contraria hasta el 1 de abril para responder.
La influyente organización de derechos civiles ACLU, que aboga por los afectados por estos desalojos, pidió el miércoles al juez Boasberg que extendiera la suspensión por dos semanas, hasta el 12 de abril.
La Casa Blanca ha condenado al juez, y Donald Trump llegó incluso la semana pasada a pedir su destitución, lo que provocó una rara reprimenda del presidente de la Corte Suprema.
La administración Trump critica en particular a este magistrado por haber ordenado, en vano, que los aviones que ya habían despegado regresaran.
La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, quien visitó El Salvador esta semana, visitó la mega prisión donde se encuentran detenidos los venezolanos deportados el 15 de marzo.
"El presidente Trump y yo tenemos un mensaje claro para los inmigrantes ilegales delincuentes: ¡VÁYANSE YA! Si no se van, los perseguiremos, los arrestaremos y podrían terminar en esta prisión salvadoreña", escribió en una publicación en sus redes sociales, acompañada de fotos del centro penitenciario.
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