Cámara Colombiana de la Infraestructura refuta propuesta de Petro sobre uso de recursos viales para vacunas

Una nueva confrontación se desató entre el Gobierno Nacional y el sector de infraestructura, luego de que el presidente Gustavo Petro propusiera redirigir recursos de los proyectos viales de cuarta y quinta generación (4G y 5G) para financiar la vacunación contra la fiebre amarilla. La iniciativa, anunciada durante un reciente Consejo de Ministros, fue rechazada de forma categórica por la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI).

Juan Martín Caicedo, presidente del gremio, respondió con contundencia señalando que los contratos actuales no permiten el uso de esos fondos para otros fines. “Todos los proyectos de concesión, de cuarta y quinta generación, están cumpliendo cabalmente las actividades y obligaciones a su cargo y, por ende, ninguno de ellos está incumplido”, afirmó Caicedo, al reiterar que los dineros en cuestión están comprometidos contractualmente.

Desde la CCI se explicó que los recursos públicos asignados a estas obras están destinados específicamente al pago de trabajos ya ejecutados o financiados por el capital privado. En este contexto, las vigencias futuras —instrumento clave en la financiación de estas concesiones— no pueden ser utilizadas para fines distintos a los estipulados por ley. “Es decir, las vigencias futuras están pagando la financiación de las obras garantizadas previamente con dineros aportados por el capital privado”, precisó el directivo.

Caicedo también indicó que los retrasos en ciertos proyectos no son atribuibles a las firmas concesionarias, sino a la falta de decisiones administrativas del Gobierno, especialmente en temas como licencias ambientales. En este punto, subrayó que solo tres iniciativas presentan retrasos significativos por esta causa, y mencionó los casos de la Perimetral Oriental de Bogotá y Bucaramanga-Pamplona, que podrían liquidarse de mutuo acuerdo, permitiendo liberar recursos según lo establecido en los contratos.

Uno de los temas más sensibles fue la situación del proyecto Mulaló-Loboguerrero, sobre el cual el Gobierno señaló una supuesta deuda de $1,8 billones por parte del concesionario. La CCI desmintió dicha afirmación. “La totalidad de las vigencias futuras que la nación ha girado al patrimonio autónomo para ejecutar el proyecto Mulaló-Loboguerrero es del orden de $1,8 billones. Esta cifra ha generado rendimientos -en el propio patrimonio autónomo- por $400.000 millones, para un valor total de $2,2 billones. Estos recursos a la fecha no se han ejecutado y, por ende, el asignado no tiene deuda alguna con el Estado”, indicó Caicedo.

El gremio además aclaró que el uso de estos fondos no queda en manos de las empresas. “El concesionario no ha hecho, ni puede hacer uso de esos recursos libre y autónomamente”, recalcó el presidente de la CCI, quien además señaló que el Gobierno tiene la potestad de decidir si los contratos continúan o si se procede con su liquidación.

En defensa del mecanismo de vigencias futuras, el líder gremial destacó que ha sido utilizado incluso por la actual administración en proyectos como el corredor férreo La Dorada-Chiriguaná y anticipó que también será necesario para la vía Pasto-Popayán, infraestructura considerada clave para el sur del país.

La CCI concluyó reiterando su disposición a colaborar con el Gobierno en iniciativas de desarrollo, pero pidió evitar declaraciones que puedan afectar la imagen de las empresas que han trabajado en estos proyectos. “Hacemos un llamado para que en este debate no se acuda a afirmaciones y señalamientos equivocados, que solo afecta la reputación y honra de unas empresas que le han cumplido a Colombia”, enfatizó Caicedo.