La Corte Suprema de Justicia llevó a cabo una inspección en las instalaciones del Instituto Nacional de Vías (INVÍAS) en Bogotá el 6 de febrero de 2025, como parte de una investigación sobre un presunto caso de corrupción que implicaría a 28 congresistas. La diligencia tuvo como objetivo recolectar documentos relacionados con diversos contratos en la entidad.
Esta acción se originó tras las declaraciones de María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda, quien detalló presuntos sobornos a congresistas a cambio de su apoyo a proyectos gubernamentales en el Legislativo. Benavides, en un testimonio de más de 11 horas ante la Fiscalía, reveló cómo se gestaban estos sobornos, mencionando que el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, estaba al tanto de las operaciones.
Además, Benavides señaló a Juan José Oyuela, director de ejecución del INVÍAS, como enlace para facilitar supuestos pagos a congresistas. Estas revelaciones llevaron a la Fiscalía a remitir las declaraciones a la Corte Suprema, que asignó la investigación al magistrado Marco Antonio Rueda de la Sala de Instrucción.
La inspección en el INVÍAS busca obtener pruebas documentales que permitan esclarecer la posible participación de los congresistas en el esquema de corrupción, así como la veracidad de las acusaciones contra altos funcionarios del gobierno.