Durante la madrugada del sábado, el Ejército colombiano desplegó una operación de gran escala en El Plateado, una localidad en el conflictivo departamento del Cauca, con el objetivo de recuperar el control del territorio ocupado por el frente Carlos Patiño, una facción del Estado Mayor Central (EMC). “Inicia la recuperación de El Plateado”, anunció el presidente Gustavo Petro en X, confirmando el inicio de la denominada ‘Operación Perseo’. Sin embargo, el EMC respondió con ataques con drones y amenazas de desestabilizar la Cumbre de Biodiversidad (COP16), que se celebrará en Cali la próxima semana con líderes de todo el mundo.
“Ante la guerra con que se responde a nuestra voluntad de paz por COP16, invitamos a los delegados nacionales e internacionales a no asistir a este evento”, advirtió el grupo armado en una publicación en X, antes de que su cuenta fuera suspendida.
La respuesta violenta del EMC, que incluyó explosivos y ataques aéreos, dejó un saldo de varios militares heridos y afectó a 17 civiles, incluidos líderes sociales. Petro, en reacción, ordenó intensificar las ofensivas contra el grupo armado: “Al bombardear población civil, nos obligan, por el principio de proporcionalidad, a bombardear sus fuerzas”, publicó en X. Por su parte, el Ejército instó a los 8,000 habitantes de la zona a refugiarse en sus viviendas: “Estos bandidos no dudan en atacar a civiles indiscriminadamente”, advirtió. A pesar de las amenazas del EMC, Petro aseguró que la seguridad de la COP16 está garantizada.
Mientras tanto, la defensora del pueblo, Iris Marín, instó al Gobierno a evitar que la población civil se involucre en el conflicto. “Solicito al presidente abstenerse de pedir que los habitantes tomen posición frente a los grupos armados, pues eso incrementa el riesgo para ellos”, advirtió.
El EMC, que dejó las negociaciones de paz con las FARC antes del Acuerdo de 2016, ha mantenido una violenta presencia en la región, junto con la Segunda Marquetalia. Estos grupos han sembrado terror en la población civil, creando un “Estado paralelo” basado en el control de cultivos ilícitos y rutas de tráfico de drogas. La intervención estatal en esta área ha sido limitada por años, dejando a la comunidad bajo el control de estas organizaciones.
El Ministerio de Defensa informó que la ‘Operación Perseo’ busca “rescatar a la población del dominio de estructuras criminales”. La operación involucró el despliegue de 1,400 militares, vehículos blindados, artillería y aeronaves. El domingo por la mañana, una delegación del Gobierno llegó a la zona para entablar diálogo con la comunidad, aunque los habitantes recibieron la iniciativa con escepticismo.
La delegación oficial, que llegó escoltada por tropas militares, incluyó a ministros como Iván Velásquez (Defensa), Susana Muhammad (Ambiente) y Andrés Camacho (Minas y Energía), así como a Laura Sarabia, directora del DAPRE y mano derecha del presidente Petro. Aunque Petro aún no se ha trasladado al lugar, aseguró que planea visitar el Cañón de Micay para definir un plan de inversiones inmediatas. Además, el Gobierno anunció recompensas que oscilan entre 47 y 200 millones de pesos por información que conduzca a la captura de los cabecillas del EMC.
El operativo ha dejado algunos resultados iniciales: el Ejército reportó la captura de dos miembros del frente Carlos Patiño y la incautación de fusiles, municiones y explosivos. También informó la muerte de varios disidentes durante los enfrentamientos.
Desde El Plateado, el ministro Velásquez prometió a la comunidad una “presencia permanente” del Estado en la región, afirmando que la intervención no se limitará a lo militar. “Estamos aquí para dialogar con la comunidad y dar confianza en lo que será un gran proyecto de transformación del territorio, tal como lo ha ordenado el presidente Petro”, declaró. Velásquez destacó que el Estado llevaba al menos seis años sin una presencia significativa en la zona.
Sin embargo, muchos líderes locales han manifestado su descontento con la presencia militar. “Si el Gobierno debe estar aquí, que sea con inversiones en infraestructura y desarrollo productivo, no con balas y bombas”, reclamó un líder comunitario. Exigieron además la retirada inmediata del Ejército, argumentando que la intervención pone en riesgo a la población civil y las organizaciones campesinas. “No descansaremos hasta que las fuerzas armadas abandonen nuestro territorio”, advirtieron.
El control de El Plateado ha sido disputado durante décadas debido a su importancia estratégica en las rutas del narcotráfico, particularmente en la producción y transporte de cocaína y marihuana. Esta constante pugna ha mantenido a la población en un estado de zozobra permanente.
El frente Carlos Patiño representa uno de los mayores desafíos para la política de “paz total” del gobierno de Petro. En abril, este grupo abandonó las negociaciones, argumentando una falta de garantías por parte del Gobierno. Sin embargo, otros frentes del EMC han retomado los diálogos con las autoridades desde el 11 de octubre, un día antes de que comenzara la incursión militar en El Plateado.