Gobierno asume respuesta en Curillo tras desbordamiento del río Caquetá

El desbordamiento del río Caquetá generó una emergencia en el municipio de Curillo, donde cerca de 600 familias resultaron afectadas. La magnitud del evento llevó a las autoridades locales a declarar "calamidad pública", tras agotar su capacidad de respuesta ante los daños provocados por la ola invernal.

Desde la administración municipal se inició la atención a la población damnificada, con el respaldo subsidiario de la Gobernación del Caquetá. Las ayudas consistieron principalmente en asistencia alimentaria, entregada de manera directa en las zonas afectadas. No obstante, el volumen de la emergencia sobrepasó los recursos disponibles a nivel local y departamental, dificultando una intervención eficaz.

En este contexto, la Procuraduría General de la Nación emitió un requerimiento preventivo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). El objetivo fue solicitar la intervención subsidiaria del Gobierno nacional, en función de las competencias legales de este organismo en situaciones de calamidad. La petición incluyó la ejecución de acciones inmediatas orientadas a garantizar la vida y la subsistencia digna de las personas afectadas.

Además, el Ministerio Público solicitó a la UNGRD información detallada sobre las actuaciones adelantadas frente a la emergencia. Esta medida forma parte del seguimiento preventivo dispuesto por el ente de control en relación con la atención a la población de Curillo.

De acuerdo con la información municipal, la emergencia mantiene activos los riesgos para las comunidades ribereñas, por lo que se requiere una intervención nacional con carácter urgente. La declaratoria de calamidad pública continúa vigente mientras se coordina la llegada de apoyos logísticos y técnicos desde otras instancias del Estado.