JEP imputa crímenes de guerra y lesa humanidad a exmilitares por falsos positivos en Antioquia.

El alto tribunal imputó crímenes de guerra y lesa humanidad a cuatro generales, 25 oficiales y 10 suboficiales del Ejército, acusándolos de liderar y ejecutar una política de “conteo de cuerpos”, que derivó en 442 falsos positivos en Antioquia, 26 de ellos en contra de menores de edad.

En el fallo, la JEP destacó que es la primera vez que se confirma la tortura de víctimas directas o de sus familiares en el marco de estos crímenes. (“Ocurrió en 22 casos con 41 víctimas, especialmente campesinos del Oriente Antioqueño, que fueron arbitrariamente acusados por los militares de ser guerrilleros, milicianos o colaboradores de las guerrillas, y torturados para que les entregaran información, material de guerra o a otros miembros de la guerrilla que supuestamente escondían”), se lee en el documento.

Los responsables y la política de ejecuciones extrajudiciales

La JEP identificó a los generales en retiro Óscar Enrique González Peña, Luis Roberto Pico Hernández, Jorge Ernesto Rodríguez Clavijo y Juan Carlos Piza Gaviria, quienes fueron comandantes y jefe de Operaciones de la Cuarta Brigada entre 2004 y 2007, como presuntos máximos responsables de esta práctica criminal.

Junto a ellos, otros 35 oficiales y suboficiales fueron imputados por liderar o participar en la ejecución de los crímenes. Se comprobó que varias unidades militares, incluidas el Batallón de Infantería No. 4 Jorge Eduardo Sánchez y el Grupo de Caballería Mecanizado Juan del Corral, ejecutaron esta política.

En su auto, la JEP reveló cómo desde la Brigada se promovía esta política de manera sistemática. (“Lo único que cuentan son las bajas”, “Las capturas no nos sirven para nada” y “Lo único que sirve es dar de baja al enemigo”), dijo en su momento el general González Peña a sus tropas.

Las víctimas de estos crímenes fueron, en su mayoría, campesinos, habitantes de barrios populares y personas en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica. En algunos casos, las víctimas fueron reclutadas por terceros civiles que las entregaban al Ejército a cambio de dinero.

¿Qué sigue para los imputados?

Los 41 exmilitares tienen 30 días hábiles para aceptar o rechazar los cargos y presentar observaciones. En caso de aceptar, serán llamados a una audiencia pública de reconocimiento de verdad, lo que les permitiría acceder a penas alternativas.

Si rechazan los cargos, serán remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, donde podrían enfrentar juicios y penas de hasta 20 años de cárcel.

Este auto es el séptimo dentro del Caso 03, que investiga los falsos positivos en Colombia. La JEP avanza ahora en esclarecer responsabilidades a nivel nacional, buscando justicia para más de 4.000 miembros de la Fuerza Pública acogidos a la jurisdicción especial.