JEP reconoció al Canal del Dique como "cementerio acuático" de crímenes
Colombia
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reconoció al territorio del Canal del Dique como víctima del conflicto armado en el Subcaso Montes de María y otros municipios cercanos del Caso 08, que investiga los crímenes perpetrados por la fuerza pública en conjunto con grupos paramilitares.
Este proceso también involucra a agentes del Estado y a civiles, subrayando el impacto significativo que estas acciones tuvieron sobre las comunidades y su entorno.
“Según las pruebas judiciales, los homicidios, desapariciones forzadas y otros crímenes de guerra cometidos a lo largo del canal transformaron profundamente el territorio y las relaciones de la gente con él”, expresó el tribunal de paz en su comunicado.
Los testimonios recogidos en el proceso indicaron que el Canal del Dique fue utilizado como un "cementerio acuático", mientras que su ubicación estratégica lo convirtió en un punto de control tanto militar como paramilitar desde los años noventa.
Con la expansión de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) y luego de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), la región vivió un intenso control territorial que afectó gravemente a las comunidades étnicas.
La JEP destacó que los daños documentados incluyen el deterioro del ecosistema, la contaminación de las fuentes hídricas y la alteración forzada de los significados culturales y espirituales que las comunidades atribuyen al territorio.
La declaración también subrayó las violencias específicas contra mujeres y personas LGBTIQ+, que incluyeron abusos sexuales y de género.
Con esta decisión, la Sala de Reconocimiento de Verdad respondió a la solicitud de la Ruta del Cimarronaje, una organización que representa a más de 200 colectivos étnicos del Caribe colombiano, que ha documentado cómo la relación histórica y espiritual entre las comunidades y el canal ha sido clave para su identidad, resistencia y supervivencia.
El Canal del Dique, que atraviesa 113 kilómetros y conecta municipios de los departamentos de Atlántico, Bolívar y Sucre, ha sido el escenario de graves daños sociales, económicos y ecológicos.
Las comunidades afrodescendientes, indígenas, campesinas y palenqueras que habitan la región han visto sus estructuras de vida y su relación con el entorno profundamente afectadas.
Con esta notificación, el Canal del Dique, ahora reconocido como víctima acreditada, podrá participar en actos procesales, audiencias públicas de reconocimiento y otros espacios destinados a la justicia, reparación y garantías de no repetición.
La JEP destacó que “el territorio no es solo un espacio físico, sino una extensión del ser, vinculado a las dimensiones espirituales y comunitarias de los pueblos”. Por ello, cualquier agresión al territorio representa un ataque directo a las comunidades.
La decisión fue respaldada con evidencias del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y la Comisión de la Verdad, que documentaron los efectos históricos del conflicto en la zona. Además, la JEP recordó que en 2021 adoptó una medida cautelar para proteger los cuerpos de posibles víctimas en la región, estableciendo protocolos específicos para abordar los daños causados en proyectos de infraestructura, como este megaproyecto.
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JA/CR
