Liberación de presuntos integrantes de "Los Altagama" reaviva debate sobre justicia y seguridad en Colombia

La reciente decisión de una juez de control de garantías en Bogotá de dejar en libertad a siete presuntos miembros de la banda criminal 'Los Altagama' ha generado una ola de indignación y preocupación entre las víctimas y la ciudadanía. A pesar de una investigación de diez meses que recopiló evidencias de al menos 17 robos violentos y 18 testimonios de víctimas, la juez argumentó una supuesta falla en el formato de la orden de captura como motivo para su liberación.

La banda 'Los Altagama' operaba en diferentes localidades de Bogotá, utilizando armas de fuego y blancas para intimidar y agredir a sus víctimas, principalmente en el robo de vehículos de alta gama. Las autoridades habían logrado su captura con base en órdenes emitidas por el Juzgado 57 Penal Municipal, que consideró que existían méritos suficientes para proceder. Sin embargo, durante las audiencias preliminares, la juez 35 Penal Municipal decidió no avalar la legalidad de dichas capturas, argumentando que la sección de "Motivo y Finalidad de la Captura" no contenía una descripción adecuada de los hechos, lo que, según su interpretación, vulneraba los derechos de los capturados.

Esta decisión ha sido criticada por basarse en un tecnicismo legal, ignorando la gravedad de los delitos y la evidencia recopilada durante la investigación. Las víctimas expresaron su temor ante la posibilidad de que los presuntos delincuentes retomen sus actividades criminales. Una de ellas relató que fue abordada violentamente junto a sus hijos, siendo despojados de su vehículo bajo amenazas con armas: “Nos bajaron de la camioneta abruptamente, nos pegaron, nos manosearon, a mi niño le colocaron un cuchillo enorme, nos quitaron la camioneta y se fueron”.

La liberación de 'Los Altagama' se suma a otros casos recientes que han generado polémica, como el de los atracadores de relojes de lujo, conocidos como 'Los Relojeros', que también quedaron en libertad por decisiones judiciales cuestionadas. Estos eventos han intensificado el debate sobre la efectividad del sistema judicial y la seguridad ciudadana en Colombia.

Organizaciones sociales y expertos en justicia han señalado que estas decisiones reflejan deficiencias estructurales en el sistema judicial colombiano, incluyendo la congestión de procesos, la falta de recursos y la necesidad de reformas que garanticen tanto el respeto al debido proceso como la protección efectiva de las víctimas y la sociedad en general.