Nombramiento del nuevo superintendente de Transporte desata críticas por presuntos vínculos con el clan Torres

El reciente nombramiento de Alfredo Enrique Piñeres como superintendente de Transporte ha generado una ola de reacciones en el ámbito político, especialmente tras conocerse sus presuntos vínculos con el empresario Euclides Torres, figura polémica ligada a la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.

La decisión fue oficializada el pasado 14 de mayo mediante el decreto 0526 de 2025, firmado por el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien ejercía funciones presidenciales durante la ausencia temporal del presidente Petro por su visita oficial a China.

Con la firma del decreto, Piñeres reemplaza a Sergio García, quien se desempeñaba como superintendente encargado tras la renuncia de Ayda Lucy Ospina. De acuerdo con la información publicada en el portal de aspirantes del Gobierno desde abril, Piñeres es ingeniero civil de la Universidad Nacional con una maestría en infraestructura vial y transporte. Su trayectoria incluye cargos técnicos y administrativos en movilidad, como su paso por la Secretaría de Movilidad de Barranquilla durante la primera administración de Alejandro Char y su vinculación a Sem Seguridad Vial del Cesar.

Sin embargo, el historial profesional de Piñeres omitió su relación con Capatest Colombia S.A., empresa de la cual fue representante legal y accionista. Esta compañía, al igual que Sem Seguridad Vial, ha sido relacionada en investigaciones con el entramado empresarial de Euclides Torres, señalado por sus nexos con empresas del sector de trámites de movilidad y cuestionado por presuntas prácticas anticompetitivas, según reportes de la Superintendencia de Industria y Comercio.

La representante a la Cámara Catherine Juvinao, del Partido Verde, fue una de las voces más críticas frente a este nombramiento. A través de la red social X, expresó su rechazo con contundencia: “El dueño de los negocios de trámites en movilidad en todo el país, pone su cuota en la @Supertransporte. Qué dolor haber votado por este gobierno corrupto y mañoso. Qué asco, @petrogustavo, los negociantes del erario son ‘buenos’ cuando son sus amigos. Hipócritas”.

Juvinao argumentó que la llegada de Piñeres a la Superintendencia representa una imposición política en favor de intereses privados y afirmó que se trata de un ejemplo de cómo se estarían entregando espacios de poder a empresarios cuestionados. Para la congresista, esta situación refleja un uso indebido de las instituciones del Estado.

A esta postura se sumó el concejal de Bogotá Daniel Briceño, quien también reaccionó en X señalando: “El CLAN TORRES se queda con la Superintendencia de Transporte para que el CLAN TORRES siga creciendo. Los que se les llena la boca hablando de las ‘élites’ deberían revisar que Petro ya armó su propia élite de la mano de empresarios absolutamente cuestionados”.

Las críticas apuntan a lo que diversos sectores consideran un conflicto de interés en la designación de altos cargos del Gobierno nacional, sobre todo en entidades estratégicas como la Superintendencia de Transporte. El malestar político y ciudadano crece en medio de acusaciones de clientelismo, favoritismo y contradicciones entre el discurso oficial y las decisiones administrativas.