ONU denuncia represión y violaciones de derechos humanos en Venezuela

Global martes 15 de octubre de 2024 - 09:42

La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU presentó un extenso informe de 158 páginas que documenta graves violaciones de derechos humanos en Venezuela entre el 1 de septiembre de 2023 y el 31 de agosto de 2024. El informe acusa a fuerzas de seguridad y grupos civiles armados progubernamentales de estar implicados en asesinatos, desapariciones forzadas, tortura, violencia sexual y de género.

El documento señala que las fuerzas de seguridad estuvieron "masivamente involucradas" en abusos, como detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza para dispersar protestas y tratos crueles o degradantes. Entre los organismos identificados como responsables se encuentran el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional.

El informe subraya que "las declaraciones de las máximas autoridades del Estado, especialmente después del 28 de julio, fomentaron la represión y contribuyeron a un clima de violencia y hostilidad". También critica el rol del Consejo Nacional Electoral, al señalar que "no cumplió con los principios básicos de transparencia e integridad". Asimismo, se menciona la responsabilidad de la Asamblea Nacional, la cual aprobó leyes restrictivas que limitaron el espacio cívico y democrático, y del sistema judicial, que siguió operando bajo una evidente falta de independencia.

El nuevo documento, que amplía un informe previo presentado el 20 de septiembre ante el Consejo de Derechos Humanos, destaca un agravamiento de la represión durante el periodo electoral. "El perfil de las víctimas se amplió significativamente, incluyendo no solo a líderes opositores y sociales, sino también a ciudadanos comunes que manifestaban su desacuerdo con el Gobierno o los resultados electorales", precisa el informe.

El informe menciona la detención de al menos 48 personas en el marco de supuestas conspiraciones invocadas por el Gobierno, muchas de ellas en la operación denominada Brazalete Blanco. Además, durante la campaña electoral se registraron 121 arrestos más por colaborar con actividades de la oposición. Estas acciones, según la misión, "sirvieron para justificar una represión selectiva contra militares, políticos y activistas sociales".

La represión se intensificó tras los resultados electorales, cuando el Gobierno implementó "una campaña de detenciones masivas e indiscriminadas sin precedentes". El informe advierte que la magnitud de los arrestos, que se contaron por miles, solo encuentra comparación en las protestas de los años 2014, 2017 y 2019.

La misión, liderada por la jurista portuguesa Marta Valiñas, y complementada por el chileno Francisco Cox y la argentina Patricia Tappatá, concluye que los patrones de represión observados representan un serio retroceso en la protección de los derechos humanos en Venezuela.