Aplazada audiencia de Nicolás Petro: nuevo intento por cuestionar legalidad del proceso

La audiencia contra Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, que se lleva a cabo en Barranquilla por presunto ingreso de dineros ilícitos a la campaña presidencial, fue pospuesta. El juez Hugo Carbonó, a cargo del caso, tomó la decisión de aplazar la diligencia judicial debido al fallecimiento de un familiar cercano y otros compromisos personales. La nueva fecha quedó fijada para el 19 de mayo a las 8:30 a. m.

Tanto la fiscal del caso, Lucy Laborde, como la defensa del exdiputado del Atlántico y la representante de la Procuraduría estuvieron de acuerdo con el aplazamiento. El caso ha sido seguido de cerca por la opinión pública, dado el vínculo familiar del acusado con el jefe de Estado y las graves acusaciones en su contra, que incluyen enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Durante las últimas audiencias, la defensa de Nicolás Petro, liderada por el abogado Alejandro Carranza, ha enfocado sus esfuerzos en cuestionar la validez de las pruebas presentadas por la Fiscalía. En ese sentido, el abogado retiró la solicitud de que se tengan en cuenta en juicio las declaraciones ofrecidas por su cliente en el marco de una negociación para acogerse a un principio de oportunidad. En cambio, pidió que se reconozca el acta que certifica que dicho beneficio judicial no se concretó, lo cual, según argumenta, invalida las declaraciones que Petro Burgos entregó durante ese proceso.

“La defensa le ha dicho, su señoría, que este acto no puede ser usado contra el procesado, pero observamos que la Fiscalía le solicitó que se ingresara a juicio esas declaraciones, entonces surge esa necesidad que haya una valoración clave y plantear la ilicitud de pruebas derivadas de un principio de oportunidad fallido”, manifestó Carranza ante el juez.

En línea con esta estrategia, el abogado también radicó una petición para que se tenga en cuenta una resolución del 10 de marzo de 2023, emitida por la entonces vicefiscal Martha Mancera, mediante la cual se conformó un grupo de tareas especiales para investigar el caso. A juicio de Carranza, ese documento podría mostrar presuntas irregularidades en el origen de la investigación y posibles conflictos de interés entre los fiscales involucrados.

Además, el abogado denunció que podrían existir “frutos envenenados” derivados de supuestos errores administrativos o abusos por parte de la Fiscalía, que afectarían la legitimidad del proceso.

Por otra parte, la defensa busca incorporar como prueba un documento entregado por la empresa Tigo Colombia, con el que se pretende demostrar que el número de celular desde el cual se habrían coordinado aportes millonarios a la campaña presidencial de Gustavo Petro no pertenecía a Nicolás Petro. “Buscamos acreditar que este número de teléfono que aparece allí no era de portabilidad del señor Nicolás Petro y que luego hubo mensajes que desde allí se enviaron a nombre de él, pero no era él”, explicó Carranza.

También solicitó que se permita el testimonio de Santander Lopesierra, conocido como “El Hombre Marlboro”, con el objetivo de evidenciar supuestas inconsistencias en la versión que lo vincula con la presunta financiación ilegal de la campaña presidencial.

Finalmente, la defensa apuntó a restar credibilidad a la principal testigo del caso, Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro. Según el abogado, sus declaraciones estarían influidas por factores emocionales más que por un interés real de revelar conductas delictivas.

La nueva audiencia, prevista para mayo, será clave para definir el rumbo del proceso judicial que enfrenta el hijo mayor del presidente de Colombia.