Nueve comunidades indígenas del pueblo Nasa denunciaron afectaciones a su integridad física, cultural, social y económica debido a la aspersión aérea con glifosato en Putumayo, realizada entre 2011 y 2013 como parte de un programa de erradicación de cultivos ilícitos.
Durante el proceso de consulta previa ordenado por la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, se evidenció la ausencia prolongada de la Dirección de Asuntos Indígenas, Rrom y Minorías del Ministerio del Interior. Dicha consulta buscaba establecer el impacto en los derechos de las comunidades y proponer medidas para mitigar o reparar los daños.
Como resultado, solo se alcanzaron acuerdos parciales entre las autoridades y las comunidades, sin llegar a una protocolización integral. Las ausencias institucionales limitaron el avance del diálogo y la consolidación de soluciones consensuadas.
En consecuencia, la Procuraduría Delegada para Asuntos Étnicos trasladó la queja a su área competente, con el objetivo de evaluar posibles actuaciones disciplinarias frente al incumplimiento observado.